POR  PAULO HERRERA MALUF
Ya sí fue verdad. Lo que faltaba. Ahora el Metro de Santo Domingo es un proyecto de seguridad nacional. Al director de la OPRET le faltó imaginación – o le sobró arrogancia – para justificar porqué se negó a atender el pedido de información hecho por el ciudadano periodista Huchi Lora respecto de esa obra.

La explicación, que fue dada después de la decisión de un tribunal y que no podía ser más traída por los pelos, vino acompañada de un boche colectivo. Aquí no se tiene idea de lo que es un Metro. O, lo que casi es lo mismo, no nos merecemos la modernidad que tan magnánimamente nos está regalando el Presidente.

No importa que se trate del proyecto más caro en muchos gobiernos. No importa que se esté tragando más recursos que la salud y la educación. No importa que estén destripando la ciudad sin piedad. Según el Ing. Diandino Peña, el público no tiene derecho a saber si su dinero está bien invertido y si se están cumpliendo con especificaciones técnicas mínimas.

El insulto a la inteligencia ciudadana llega lejos. De acuerdo con la lógica torcida de este señor, la información técnica del Metro no puede divulgarse porque puede usarse para un atentado terrorista. Qué cuento. Como si los terroristas necesitaran conocer los vericuetos técnicos de las obras de infraestructura para cometer sus actos de inhumanidad. Los jóvenes fanatizados del 11-M de Madrid sólo necesitaron mochilas y lavados de cerebro, no acceso a planos y cálculos.

Bajo el razonamiento del funcionario, también debería protegerse la información referente a cantidad de cosas que están a la vista de todos, como los pilares de los puentes y los acueductos con sus tanques reguladores y plantas de tratamiento. Las presas y las columnas de los edificios de más de cuatro pisos deberían cubrirse de tela de camuflaje; y los teatros deberían pintarse con pintura invisible, así como los barcos y los autobuses.

Si fuera por el director de la OPRET, la mitad de la programación de Discovery Channel y de History Channel debería ser censurada. No vaya a ser que los detalles de los cables del puente Golden Gate de San Francisco, o de los planes de evacuación de las Torres Petronas de Kuala-Lumpur sirvan de insumo a cualquier terrorista.

Por donde quiera verse, el argumento de la seguridad nacional no se sostiene para justificar el manto de misterio que cubre todo lo relacionado al Metro. El otro alegato esgrimido por el Ing. Peña es el del sesgo político en la solicitud de información. Además de ser barato e igual de insostenible, el postulado irrespeta a los cientos de vecinos que ven sus vidas, propiedades y negocios amenazados por los derrumbes provocados por las excavaciones.

Tanto sigilo me recuerda al proceso de construcción del Faro a Colón. No debe ser coincidencia, pues no es la primera vez que la asociación de ideas me lleva del Metro al Faro y viceversa. Está por verse ahora si el mandato del tribunal se cumplirá. Estaremos atentos a ver si Huchi Lora recibe los estudios geológicos del Metro y si es comprobable que éstos fueron realizados antes de comenzar la obra. Si la información no es entregada, veremos qué sucede. Ahí nos enteraremos si la implantación de la Ley General de Acceso a la Información Pública va en serio o si es una quimera ciudadana más, de esas impresas en la Gaceta Oficial.

Mientras tanto, la diligencia del aguerrido periodista debe servir de inspiración al resto de la ciudadanía. La transparencia en el manejo de los asuntos que competen al público sólo mejora cuando la demanda le imprime vida a los mecanismos previstos para ello. Poco se avanzará sin un recordatorio permanente y contundente a los servidores públicos de que deben rendir cuentas a quienes pagan sus salarios, so pena de ser puestos en evidencia y de ser obligados a hacerlo. Y eso no sucederá a menos que los dueños del país – que somos los ciudadanos y las ciudadanas, no los funcionarios – nos comportemos como tales.

p.herrera@coach.com.do