Actualmente hay 34,000 empleados públicos integrados a la Carrera Administrativa, y en noviembre próximo entrarán 2,000 adicionales.

Y se están dando los pasos para acelerar ese proceso, con la contribución de la nueva Ley de Función Pública. Lo informó ayer Ramón Ventura Camejo, secretario de Administración Pública, al participar en el almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio.

En adición a estas cifras, en el Estado hay 200,000 servidores públicos que califican para ingresar a la Carrera Administrativa, dijo. La nómina del Estado, en general, es de 430,000 empleados, resaltó.

En ocho años, los empleados que hoy ocupan función dentro de la categoría de Carrera Administrativa y no hayan reunido los méritos para ingresar a ella, deben salir de esa posibilidad y darle paso a aquellos que reunan las condiciones para hacerlo a través de concursos públicos, manifestó.

Ventura Camejo dijo que mientras el país carezca de una administración pública con la capacidad necesaria para aplicar planes de gobierno y elaborar políticas estatales que se correspondan con la demanda de la sociedad, la República Dominicana no saldrá de un círculo vicioso en ese sentido. Para que el país pueda ir hacia adelante (en su desarrollo) no hay otra salida que trabajar para institucionalizar la administración pública, manifestó.

La clase política dominicana tiene que entender eso. Esto amerita un pacto de Estado y un pacto de los partidos políticos, añadió Camejo, que estuvo acompañado en el almuerzo de Marcos Villamán, director del Consejo Nacional de Reforma del Estado; Gregorio Montero, subsecretario de Administración Pública; José Mejía, director de informática y Jacqueline Malagón, asesora.

Hay que trabajar para lograr la profesionalización de la administración pública y conseguir que los técnicos y profesionales del sector sean leales al Estado, cuyos cargos estén asegurados por sus competencias, buen desempeño y compromiso con la sociedad, dijo.

Dijo que para lograr ese objetivo hay que vencer una cultura autoritaria y clientelista, y esto, según él, se consigue con voluntad política y alianzas. Igualmente, se requiere tener una visión clara en el sentido de que no es posible que el país pueda optimizar el gasto público y hacer sostenibles sus proyectos de desarrollo si no transforma la administración pública en ese sentido.

Política salarial

El poder ejecutivo tiene un anteproyecto de ley que le entregó hace dos meses la Secretaría de Administración Pública, el cual define la política salarial del sector público. Ventura Camejo, al referirse a esta iniciativa, dijo que la pieza sería enviada al Congreso después que termine el proceso de la reforma constitucional.

Se trata de una ley general que incluye a todas las instituciones del Estado y que tendrá gran impacto, luego que se apruebe, para disciplinar la administración pública y evitar discrecionalidad en materia de sueldos, explicó.

Ayudará a que se puedan transparentar los salarios en el país, dijo.

El proyecto, para cuya elaboración se hicieron consultas en diferentes áreas y sectores, establece las bases para el salario, manifestó.

Establece, dijo, que los salarios de la administración pública se definan cada año en el presupuesto de la nación. Conforme a esta iniciativa, habría que definir a final de cada año en el presupuesto del siguiente qué gastos requieren los diferentes proyectos de la gestión de las distintas instituciones públicas, añadió.

Luego que esté en ejecución ninguna institución pública podrá nombrar personal que no esté en su presupuesto, manifestó. Establece también la escala para los salarios de los altos ejecutivos públicos.

Ley transparentará salarios del Estado

La Secretaría de Administración Pública elaboró un proyecto de ley sobre la política salarial que debe regir en el Estado, cuyos postulados están orientados a reducir la discrecionalidad en la contratación de empleados y a transparentar la escala salarial en el país, informó Ramón Ventura Camejo, encargado de esa dependencia.

El funcionario, quien expresó que la propuesta está en manos del presidente Leonel Fernández desde hace dos meses, explicó que ésta tendrá un gran impacto en la organización de la administración pública porque se evitarán también las inequidades.

Asimismo, planteó que al margen de ese proyecto, esa secretaría elabora, con la asesoría del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la escala salarial que debería regir en cada dependencia pública.

Ninguna secretaría de Estado tendrá la potestad de designar nuevos cargos fuera del período de vigencia del presupuesto, refirió.

Camejo destacó además que de entrar en vigencia el referido proyecto las dependencias deberán especificar muy bien sus necesidades en el presupuesto de gastos.