1 de 2
Nos preocupa el hecho de que los resultados de las pruebas PISA-2018 hayan colocado a la República Dominicana en el último lugar en las áreas de matemáticas y de ciencias entre 79 países. Era lo más probable que les sucediera a estudiantes de un país como el nuestro cuyo sistema de instrucción pública figura entre los peores financiados de la América Española; también, nos llena de insatisfacciones que dichos corolarios estén siendo evaluados fuera de contexto y dados a conocer por gentes no muy entendidas en la materia.
Con las intenciones manifiestas de elevar la calidad de la instrucción pública y de mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los maestros en servicio, el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en estos momentos dialogan para ultimar detalles al respecto. Saludamos esos encuentros. Pero, no dejamos de advertirles a todos que ya nos quedan pocos detalles por discutir y muchas tareas por hacer.
Tardamos meses en elaborar un documento (El Pacto Nacional para la Reforma Educativa) y en discutir el cómo y el cuándo aplicar su contenido.Los acuerdos y compromisos que asumimos en esa ocasión los firmantes de dicho pliego (el presidente Danilo Medina y todos los miembros de su gabinete, dirigentes de los principales partidos políticos, rectores y asesores de las principales universidades,entre otros) eran de naturaleza distinta. Algunos implicaban políticas concretas de reformas legislativas; otros, exigían el dedicar mayores esfuerzos con el propósito de elevar la calidad de las escuelas públicas y la de los colegios privados; y los más,promoviendo cambios de paradigma en nuestro accionar cotidiano, personal y colectivo.
Después de la firma de dicho Pacto, el Ministerio de Educación programó el fortalecer los programas de capacitación magisterial; eficientizar la práctica docente; dar inicio a un programa de educación bilingüe; reducir la tasa de analfabetismo en la población de adultos e integrar a las personas alfabetizadas a los mercados de trabajo; ampliar la cobertura de la educación inicial, básica y media; construir y reparar cientos de aulas y laboratorios, dotándolos de bibliotecas actualizadas y de equipos de cómputos, entre otras medidas al respecto. Pero, lamentablemente, las disponibilidades económicas no dieron ni dan para tanto.
Hace ya algunos años que los esfuerzos de los participantes en los procesos de reforma de la educación podrían remediar en parte los problemas que les acarreaban la falta de suficientes recursos económicos para llevarlas a cabo. Ya no. Sin un presupuesto adecuando es muy poco lo que puede hacerse en favor del mejoramiento de la calidad de los servicios de educación. La adquisición y el uso de nuevas de nuevas tecnologías en esos menesteres cuestan mucho más que las tizas y los borradores.
Es en el Presupuesto Nacional donde se reflejan las prioridades sociales y económicas del gobierno de turno, por lo que cabe preguntarse: ¿qué impidió que en la formulación del Presupuesto de Gastos del Gobierno del presidente Danilo Medina para el año 2020 quedara reflejado el muy reiterado deseo del mandatario de que su gobierno financiara un sistema de instrucción pública acorde con la demanda de los nuevos tiempos? La respuesta es bien sencilla: el crecimiento de la deuda pública y el decaimiento de nuestra economía.
Frecuentemente, aquí aparecen en las páginas de los periódicos de mayor circulación, reportajes alusivos a posposiciones de apertura de las clases; a huelgas de maestros en demanda de mejores salarios y de mejores condiciones de trabajo; a planteles escolares en grado extremo de deterioro; a niños recibiendo docencia sentados en el suelo; a padres demandando cupo en escuelas públicas ya otros inconvenientes por el estilo. Todo eso se debe a la falta de un presupuesto adecuado para enfrentar con éxito los males que afectan al sistema dominicano de instrucción pública. Dicho sistema hoy no es más que un entramado de positivismo y post modernidad. Después de las celebraciones navideñas, volveremos sobre el tema.