POR PEDRO GERMOSEN
El cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, el presidente de los Diputados, Alfredo Pacheco; el jefe de la Policía, mayor general Bernardo Santana Páez y otras personalidades favorecieron ayer la propuesta de monseñor Agripino Núñez Collado para que el Código Procesal Penal sea revisado. El rector universitario quiere establecer si está contribuyendo al auge de la delincuencia.

A esa propuesta se opusieron la Fundación Institucionalidad y Justicia, el Movimiento Participación Ciudadana y el Comisionado de Justicia, Alejandro Moscoso Segarra.

López Rodríguez dijo que el Código Procesal Penal es un instrumento jurídico que está adelantado a la realidad dominicana, puesto que, sostuvo, no ha sido lo suficientemente estudiado ni comprendido por los jueces, por lo que tampoco ha sido bien aplicado. Dijo que para enfrentar el nivel de delincuencia es preciso, además, incrementar el patrullaje en las calles.

Por su lado, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dijo que, como propuso Núñez Collado, es necesario revisar el Código Procesal Penal para evitar que los delincuentes sean puestos en libertad cuando son llevados a los tribunales.

Igualmente, la diputada reformista Licelott Marte de Barrios, quien preside la comisión especial que revisa la citada legislación, dijo que ese instrumento jurídico debe ser adecuado a la realidad nacional.

Sobre el particular, el jefe de la Policía dijo que en algunos de sus articulados, el Código Procesal Penal impide la labor policial, por lo que el mismo debe ser reformado por el Congreso Nacional.

El mayor general Santana Páez expresó que aunque el Código es bueno, debe ser «afinado» para evitar que los delincuentes traducidos a la Justicia sean puestos en libertad con tanta facilidad.

El jurista Juan Miguel Castillo Pantaleón afirmó que la criminalidad aumentó con la puesta en vigencia del Código Procesal Penal, por lo que ese instrumento jurídico debe ser modificado, como plantea monseñor Núñez Collado, rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

El doctor Domingo Porfirio Rojas Nina, Alto Comisionado de los Derechos Humanos, también respaldó las consideraciones del dignatario eclesiástico en el sentido de revisar el Código Procesal Penal. Sostuvo que ese Código ha dejado desamparado a los ciudadanos, que son víctimas de asaltos, robos y otros crímenes, en razón de que dispone la asignación de abogados defensores de los delincuentes.

Se oponen

Sobre el particular, la FINJUS y Participación Ciudadana descartaron que el auge de la delincuencia sea producto de la aplicación del nuevo Código Procesal Penal.

Ambas entidades rechazaron de esa manera la propuesta de monseñor Agripino Núñez Collado.

Servio Tulio Castaños Guzmán, vocero de la FINJUS, y Paulo Herrera Maluf, de Participación Ciudadana, abogaron, en cambio, por una adecuación de los actores de la Justicia frente al nuevo Código.

Al ser consultado, el Comisionado de Justicia, Moscoso Segarra, dijo que no existen condiciones para revisar el citado texto legal, porque, sostuvo, «se ha demostrado que las personas que están delinquiendo no son las puestas en libertad por los jueces.»