Ni el cínico Diógenes de la linterna escrutadora podría demostrar que la generalidad de los consumidores está en dominio, comprensión y aceptación de la forma en que se obliga a pagar los combustibles, un mecanismo de fijación que no tiene en claridad sus puntos de partida en un mercado mundial de crudos y derivados de niveles contradictorios que se prestarían lo mismo para favorecer entes privados, al fisco o al consumidor final. Este que debería tener prioridad sin que ello conste fehacientemente. Es difícil evitar la sospecha en el seno de una opinión pública que tiene mucho tiempo dudando de la lógica reinante en las fluctuaciones y que necesita mayores evidencias de que ese café lo cuelan a la luz del día.

Que se deje de temer ya que una combinación de factores preserva excesivamente la parte del pastel que corresponde a la intermediación con su envergadura de capitales o concede prioridad a lo que toca a un Estado ambicioso en gastos, pero sumamente corto en ingresos tributarios regulares que lo tienen agarrado al endeudamiento colosal cada vez más preocupante. En más de una ocasión la discrecionalidad que pasa por alto la realidad de precios internacionales ha salido a relucir, incluso, con afirmaciones de las propias autoridades de que a veces prefieren abstenerse de transferir alzas al consumo, haciendo ver que los parámetros valen según convenga a los motivos políticos del momento.

Veraneando sin grilletes

El sistema penitenciario demuestra cíclicamente que la tranquilidad por saber que están bajo rejas todos los que tienen que estar no es fácil de alcanzar. Lo mismo se va un Quirinito tras una asombrosa complicidad de servidores públicos abridora de celdas, que pasa a refrescarse en playa una “interna” sometida a reclusión sin derecho a un esplédido veraneo.

Un vistazo sobre registros policiales haría recordar las veces que ha corrido sangre o hubo despojos a manos de individuos a los que se creía en prisión por hechos anteriores. Años van y vienen y la acción policial no cesa de cuestionar que sus perseguidos y reincidentes sean excarcelados fácilmente por la justicia, con el agravante de que la asistencia legal gratuita que el Estado aporta solo alcanza para los acusados; no para los agraviados.