Hoy 
La descentralización democrática se debilita sensiblemente porque los gobiernos de las ciudades o municipios están sometidos a una precariedad financiera originada por las autoridades centrales del Estado. El Poder Ejecutivo impone el unilateral criterio de desobedecer el mandato legal de destinar a los ayuntamientos un monto presupuestal de un 10% de ingresos fiscales. Esto es parte de una amplia política que transgrede otros esquemas de leyes que obliga al Estado a atender de manera creciente con y permanencia necesidades de áreas como la Educación. Al proceder contra la diversidad de compromisos con la ciudadanía a través de los organismos edilicios El Gobierno agudiza el irritante desbalance entre inversiones públicas considerables, ambiciosas, y concentradas en Santo Domingo, y las pequeñas y múltiples atenciones que urgen en comunidades a lo largo y ancho del país.
Está reducida la capacidad de los ayuntamientos frente a enfermedades y muertes asociadas a cólera y a dengue que prosperan por basura y contaminación. La principal obligación (no la única) de los cabildos es la limpieza urbana. Censuramos que se permita su grave estrechez. Mientras languidecen, la Liga Municipal dispone anualmente de una gruesa asignación presupuestal que no arroja frutos, que es demasiado dinero para sus improductivas asesorías y cuyo pasado manejo está cuestionado por la Cámara de Cuentas.
Alzas en colegios según los casos
No sería justo asumir un rechazo en términos generales a las alzas tarifarias de los colegios privados. Procede guardar respeto por la diversidad de entidades que prestan el servicio cuyos costos y niveles de calidad tienen que corresponderse con lo que facturen a padres y tutores. En verdad el Estado debería velar por la existencia de numerosos centros particulares orientados a la gente más pobre del país; imprescindibles porque el Estado no tiene cupo para la niñez en pleno. Cabrían pequeños subsidios.
Un buen servicio que el Ministerio de Educación podría brindar a la ciudadanía en este ámbito es comprobar, para autorización por caso y nivel social, la legitimidad de las aspiraciones de los colegios en función de que hoy todo cuesta más que hace tres años en el país. La otra preocupación para los fines de reglamentación es ver si tales establecimientos toman en cuenta las urgencias salariales de sus maestros.
