ROSARIO ESPINAL
Le haría bien a la sociedad dominicana analizar con sinceridad, humanitarismo y realismo la migración haitiana y sus consecuencias. Casi dos siglos de confrontación o indiferencia entre las dos naciones, unido a intereses económicos abusivos de algunos sectores empresariales, políticos y militares, sostienen una política migratoria inhumana y dañina para ambos pueblos.

Por años, los gobiernos de ambos países han sido cómplices de los peores intereses en la política migratoria; y por años, analistas y comentaristas hacen planteamientos polarizantes que no encauzan mejores acciones. Predomina un diálogo de sordos, donde imperan las censuras, los miedos, acusaciones y poses de superioridad que no fomentan soluciones.

Un sector dominicano promueve el temor a lo haitiano que enciende la xenofobia. Otros, dentro y fuera del país, califican a los dominicanos de racistas y xenófobos. Los primeros enarbolan el patriotismo en defensa de su causa; los segundos la justicia social y la hermandad entre los pueblos.

Esta confrontación debilita las energías nacionales y contribuye a que todo siga igual para provecho de los grupos de dominicanos y haitianos que se benefician del tráfico inhumano.

No es de extrañar que la creciente presencia haitiana despierte temor entre muchos dominicanos. La migración genera rechazos en casi todos los países que la reciben.

Sucede así en República Dominicana, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Holanda, Bélgica, Alemania, Suiza, las Bahamas, Puerto Rico, Costa Rica y muchos otros lugares. Negar que hay xenofobia es tapar el sol con un dedo, justificarla no absuelve a los practicantes. Identificar las formas de rechazo social y tener el valor de cambiarlas es fundamental para encontrar canales adecuados de convivencia, pero es tarea ardua de sensibilización humana que requiere esfuerzos constantes de educación en la familia, la escuela, los medios de comunicación y las organizaciones comunitarias; además de leyes y políticas públicas que promuevan mayor justicia e igualdad.

Cuando los inmigrantes no se integran adecuadamente a la sociedad donde emigran, la pobreza y la marginalidad constituyen un caldo de cultivo que multiplica los sentimientos y conductas xenófobas, el resentimiento y la violencia. Lo inadecuado se convierte entonces en aberrante.

Por otro lado, el humanismo no puede ser engañoso. El costo económico de integrar inmigrantes pobres es alto para cualquier sociedad que los recibe, sobre todo, para una de escasos recursos como la dominicana.

Por esta razón, el gobierno dominicano debería abandonar las dualidades discursivas y de acción, y ejecutar una política migratoria justa y clara en función de las capacidades reales del país para integrar, no explotar, inmigrantes.

La República Dominicana tiene que salir del marasmo en que se encuentra y superar la confrontación estéril entre el discurso nacionalista recalcitrante, por un lado, y de censura internacional, por otro.

Colocar una jueza dominicana en la Corte Interamericana de Derechos Humanos mientras se ignora una sentencia de esa misma corte contra la República Dominicana no es calmante. Tampoco es solución una disposición de la Suprema Corte de Justicia sobre la nacionalidad dominicana que deja todo igual, ni una posible reforma constitucional que modifique el jus solis para evadir responsabilidad social con los inmigrantes que ya están.

Haití debe ser una prioridad para República Dominicana no porque lo exija una potencia extranjera, un organismo internacional o una ONG, ni tampoco por miedo a ninguno de ellos, sino porque son dos países pobres y sobre poblados que comparten una semi-devastada pequeña isla.

Del lado haitiano hay más pobreza, no se ha logrado estabilidad política y hay menos recursos para impulsar el desarrollo. Es una tragedia que afecta a los haitianos y dominicanos, aunque las soluciones dependen fundamentalmente de los haitianos.

Reclamar ayuda internacional para Haití es necesario, pero es casi como predicar en el desierto, porque ningún país invertirá cuantiosos recursos en una sociedad con tantas precariedades y sin un Estado funcional.

Las grandes potencias promueven ocupaciones militares en momentos de deterioro político para contener olas migratorias, y en los últimos años, algunos países latinoamericanos se han unido a misiones de la ONU para ganar puntos como guardianes regionales, conquistar posiciones en organismos internacionales, y de paso, asignar oficio mejor pagado a sus ociosas fuerzas militares.

Para la República Dominicana, sin embargo, Haití representa un real y constante desafío. La ecología destruida, la alta densidad poblacional y el alto nivel de pobreza no pueden negarse ni ocultarse por más optimismo que se abrace.

Ante esta situación, aunque la mano de obra barata haitiana favorece la economía dominicana, sobre todo los bolsillos de empresarios explotadores, la migración conlleva un costo de integración que, a la fecha, la sociedad dominicana no ha querido asumir, prefiriendo dejar los inmigrantes haitianos en la ilegalidad y desprotección. Pero así sólo se acumulan desavenencias y resentimientos entre ambos pueblos.

Urge pues que el gobierno dominicano asuma sus responsabilidades y enfrente con justicia y firmeza la cuestión migratoria haitiana.