JUAN BOLÍVAR DÍAZ
Para que este país pueda avanzar en el ordenamiento institucional, en la racionalidad en la inversión de los recursos públicos, en la transparencia y en la reducción de los agobios del rentismo y el clientelismo, es urgente que encuentre fórmulas que cierren la tremenda brecha de discrecionalidad con que actúan los gobernantes. Ese margen tan amplio de facultades para anteponer las conveniencias personales, grupales y partidarias a las más elementales reglas de la racionalidad y del supremo interés en los diversos niveles de la gestión pública tiene que ser modificado con suma urgencia.

Todo comienza por el artículo 55 de la Constitución de la República, cuyos 27 acápites conceden tan amplias facultades al Presidente, hasta para incursionar en ámbitos de los demás poderes del Estado, mientras queda virtualmente sin responsabilidad por las acciones de sus subordinados. De manera que todos los excesos son justificados en «las facultades presidenciales».

Pero la discrecionalidad va mucho más allá en un país donde se relativizan tanto las leyes, desde las adjetivas hasta las virtuales como la de la oferta y la demanda y la misma ley de la gravedad.

A cerrar esa discrecionalidad deberían dedicarse las mayores energías de las instituciones nacionales, públicas y privadas, de las iglesias y sus mediadores, las de las organizaciones sociales y de los organismos internacionales.

Para que nunca más ningún gobierno pueda dedicar decenas, cientos y hasta miles de millones de pesos a comprar autobuses, automóviles, camiones y cabezotes para distribuir a su discreción y voluntad, aún entre organismos y entidades que les den uso legítimo. Brecha que suele ampliarse más para colar el aprovechamiento personal, grupal y partidista.

Eso fue lo que se hizo desde el primer momento con el Programa para Renovación de Vehículos (Renove), con un alto componente de tráfico, desde su concepción, contrataciones y compras, hasta la distribución.

Este programa nos parece más reprochable porque es el último, porque sus heridas están aún abiertas y de sus llagas todavía mana pus que contamina el ambiente y quita deseos de vivir. Pero todos sabemos que en casi todos los gobiernos anteriores se han implementado programas para distribución de vehículos. En el penúltimo se entregaron cientos de camiones a través del Inespre, y millares de pollitos amarillos y taxis turísticos, financiados con recursos públicos.

Y ¿cuál es la diferencia entre el Renove y los proyectos de apartamentos de lujo y de clase media alta construidos de grado a grado por gobiernos anteriores y luego distribuidos entre dirigentes y militantes políticos, familiares y allegados?

Parecerá más elegante repartir cargos-botellas y becas entre militantes y familiares, pero es igualmente un abuso de los recursos del Estado, interesado, político, discriminatorio y generador de corrupción.

Solo la impunidad predominante en el país puede justificar que el director de un organismo estatal como el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado pudiera defender el miércoles el otorgamiento de obras grado a grado, bajo el alegato de que los concursos se arreglan. Si se arreglan los concursos públicos, imagínense qué ocurrirá con los contratos sin ninguna transparencia.

Esa discrecionalidad fue la que utilizó esta semana el exsecretario de la Presidencia Pedro Franco Badía para justificar reparticiones del Renove. Mostró un fólder lleno de autorizaciones presidenciales, lo que para él es suficiente. Desde luego que él hizo su propia inversión, razón por la cual según sus declaraciones a Edith Febles en El Caribe, salió de la reciente detención «levantado como un héroe, cantando victoria, victoria, victoria».Franco fue más franco aún y proclamó que tiene respaldo popular por haber cumplió con la militancia «porque yo creé muchas botellas cuando estaba en el gobierno».

La modificación del artículo 55 por sí sola justifica una reforma a fondo de la Constitución de la República. Pero se requiere mucho más que eso, cambiar la cultura general de que al gobierno se va a repartir y sembrar; con los de abajo buscando votos, eso que llaman clientelismo; y con los de arriba buscando financiamiento, el rentismo. Sólo nos fijamos mucho en el primero, pero el segundo suele salir más caro, aunque los costos son menos visibles, porque los amarres son más discretos.

Por eso no establecemos normas firmes para las compras y contrataciones del Estado, y sustentamos que un decreto presidencial lo puede todo, hasta repartir lo ajeno.