POR JUAN BOLÍVAR DÍAZ
Las fuertes personalidades que integran la Junta Central Electoral (JCE) electa el año pasado afrontan el desafío de manejar mejor las naturales diferencias de criterios para  proyectar una imagen de mayor cohesión que les permita cumplir sus responsabilidades en la organización y reglamentación de las elecciones nacionales.

Los actuales jueces electorales han mostrado una buena disposición a asumir un papel más activo en la vigilancia de los principios democráticos y el cumplimiento de la ley electoral, lo que está a prueba con los proyectos de reglamentación de la campaña electoral y del sistema contable y rendición de cuentas de los partidos.  

No hay dudas que la Cámara Administrativa del organismo electoral tiene facultad para tomar iniciativas en la elaboración de reglamentos, aunque estos tienen que ser aprobados por el plenario de los jueces y sometidos a consideración de los partidos políticos y de todos los sectores interesados como se ha prometido.

Manejar las diferencias

Aunque tiene en su seno a representantes o allegados de los tres partidos mayoritarios, la elección de la actual JCE recibió la legitimidad de la opinión pública que la consideró más equilibrada que las dos anteriores, cuya escogencia estuvo mediada por las confrontaciones políticas.

La presencia de connotados juristas, encabezados por el reputado Julio César Castaños Espaillat, que al igual que Aura Celeste Fernández, Roberto Rosario y Mariano Rodríguez ya tenían experiencia en el manejo del sistema electoral, generó expectativas de un organismo electoral más funcional y eficiente.

La escogencia de Leyda Margarita Piña y José Angel Aquino también generó reconocimientos por los méritos acumulados como promotores de reformas políticas e institucionales en los escenarios de la modernización del Estado y la participación social, incluyendo las concertaciones para el relegado proyecto de ley de partidos políticos.

Pero esa sumatoria de fuertes personalidades, a los que se adicionaron los doctores John Guiliani, Eddy Olivares y César Féliz, no ha manejado eficientemente las naturales diferencias de la democracia que no pueden escapar a un organismo colegiados.

El primer y mayor conflicto público giró en torno a los cuestionados incentivos que se aprobaron los jueces y que se debatieron en los medios de comunicación antes que en el pleno del organismo. La generalidad de la opinión pública reprobó los incentivos que forman parte del desorden y la inequidad salarial con antecedentes en otras instituciones del Estado y en el mismo gobierno central, pese a lo cual la mayoría de los jueces electorales los mantuvieron, anotándose un punto negativo.

Otro elemento de diferencias ha sido que la JCE no ha podido ponerse de acuerdo para la contratación de una auditoría que esclarezca el cuestionado contrato de adquisición de los equipos electrónicos para el sistema electoral y el registro civil.

El último desacuerdo se ha manifestado en estos días y ha saltado a los medios de comunicación, en relación a los proyectos elaborados por la Cámara administrativa para regular las campañas y las finanzas de los partidos. La sesión de este miércoles del pleno de la JCE concluyó sin que pudieran aprobar los dos proyectos.  

Vocación reglamentaria

Sin embargo, como aspecto muy positivo estos jueces electorales han dado muestra de una clara vocación para instituir las reglamentaciones correspondientes al registro civil, poniendo límites al tráfico y la corrupción, así como para hacer cumplir los preceptos de la ley electoral.

Al respecto fue notable la rapidez con que en apenas algunas semanas elaboraron un reglamento sobre las elecciones primarias, aprobado al comenzar el año, y la diligencia con que lo hicieron cumplir, aunque sin alcanzar todavía el rigor que demanda el desbordado proselitismo nacional, que incluye el abuso de recursos del Estado.

La opinión pública aplaudió cuando la Cámara Administrativa obligó al entonces precandidato presidencial Amable Aristy Castro, al reembolso del costo de un comunicado promocional pagado con recursos de la Liga Municipal Dominicana. Aunque se quedó corta frente al uso de recursos estatales en la precampaña del partido de gobierno, y particularmente del presidente de la nación.  

Sin embargo, los integrantes de la Cámara Administrativa son conscientes de que la sanidad democrática demanda más amplias   reglamentaciones tanto de las campañas internas para elección de candidatos, como de las generales para escoger los titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Municipal. De ahí el empeño que han puesto en la elaboración de los dos proyectos de «Reglamento de Campaña Electoral, Actos de Propaganda y Uso de Medios de Comunicación» y el «Reglamento Sobre Sistema Contable y Rendición de Cuentas de los Partidos Políticos».

Tienen facultad  

Aunque ha habido amplio consenso en un largo proceso de concertación con los partidos y las organizaciones sociales promovido por el Consejo Nacional de Reforma del Estado para instituir una Ley Sobre Agrupaciones y Partidos Políticos que norme más claramente todo lo concerniente al sistema partidario, el Congreso le ha dado largas durante varios años. Ha sido introducido cuatro veces en la Cámara de Diputados y todavía descansa en una Comisión Especial.

A falta de ese instrumento, la JCE está facultada constitucionalmente y por la Ley Electoral   para establecer los reglamentos correspondientes. El artículo 92 de la Constitución indica que «Las elecciones serán dirigidas por una Junta Central Electoral y por juntas dependientes de ésta, las cuales tienen facultad para juzgar y reglamentar de acuerdo con la ley».

Aunque muchos no se han cumplido, la Ley Electoral contiene numerosos mandatos que fundamentan los dos proyectos de reglamento pendientes de aprobación por el plenario de los jueces electorales. En cinco literales del artículo 6 de la Ley Electoral se faculta a la JCE para «Dictar los reglamentos e instrucciones que considere pertinentes para asegurar la recta aplicación de las disposiciones de la Constitución y las leyes en lo relativo a las elecciones y el regular desenvolvimiento de estas».

Esa ley tiene previsiones relativas al período de campaña electoral, a la propaganda tanto en los medios de comunicación como en los espacios públicos, sobre uso de recursos del Estado y transparencia en el manejo de las finanzas, que incluyen lo relativo al financiamiento del presupuesto nacional que en la década que lleva ya ha totalizado 2 mil 719 millones de pesos.

Una demanda nacional     

Las iniciativas reglamentarias emprendidas por la Cámara Administrativa no solo tienen fundamento constitucional y legal, sino que responden a una reiterada demanda nacional. Hay que recordar que fue puesta en vigencia en términos contundentes por el presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, Monseñor Ramón de la Rosa, en la homilía de la misa conmemorativa del 84 aniversario de la JCE el 19 de abril pasado.

Se ha objetado que el proyecto de reglamento de la Campaña Electoral fuera entregado a medios de comunicación antes que fuera aprobado por el pleno de los jueces. La objeción tiene relativa validez, aunque en la democracia es común que trasciendan los proyectos antes de ser aprobados, más aún cuando la publicación se produjo en la circunstancia de dos seminarios organizados por la JCE para debatir las reglamentaciones de otros países.

La oportunidad o no de la publicación no debería ser suficiente para condenar a la Cámara Administrativa ni para erigir vetos sobre los proyectos. El relativo a la rendición de cuentas sólo se conoce en los términos generales en que fue expuesto en uno de los dos seminarios.

Tampoco se justifican los planteamientos de que la Cámara Administrativa se ha sobrepuesto al plenario, puesto que desde el primer momento se dijo que sería éste el encargado de oficializarlo. El doctor Castaños Espaillat pronunció discursos inaugurales en ambos seminarios, dando explícito apoyo a la necesidad y procedencia de las reglamentaciones. Lo mismo ha hecho en varias ocasiones en los medios de comunicación.         

Más allá de esos diferendos la sociedad dominicana espera que los jueces electorales den satisfacción a las expectativas despertadas por la vocación de reglamentación de las campañas electorales y las finanzas de los partidos. Si pierden tiempo harán irreversible la proliferación de propaganda electoral que ya   comienza a verse en las vías públicas.

De ninguna forma se debe interpretar que los proyectos son una nueva Biblia y que todo su contenido tiene que ser aprobado o que no les falten previsiones. En todo momento se ha dicho que cuando sean aprobados por la JCE serán sometidos a consideración de los partidos políticos e incluso de las organizaciones sociales y los medios de comunicación. De hecho ya en los medios se   han expresado varias objeciones, algunas de las cuales tienen fundamento.

También se han expresado reservas en los ámbitos políticos. En los gubernamentales porque no quieren limitaciones al presidencialismo que tradicionalmente se desborda en las campañas electorales, sobre todo cuando media un proyecto reeleccionista. Y en los de oposición porque entienden que las normativas de campaña tienen que poner límites claros al abuso del poder estatal.-