Minerva Isa 
¡Abuela, aquí no hay delincuencia! Una y otra vez exclamaba eufórico el niño entre abrazos y besos, al recibir a la abuela que por primera vez los visitaba desde que partieran hacia una ciudad canadiense en la que no tienen que vivir enrejados.
La familia emigró de República Dominicana, donde la dúctil mente del nieto no escapó a la perturbación causada por la ola delincuencial que a todos, niños y adultos, arrebata la paz.
La sociedad dominicana necesita paz. Reconquistar la paz individual, la paz social, el sosiego dentro y fuera del hogar, transitar sin temor, liberarse del miedo opresor que obliga a encerrarse, a cambiar hábitos de vida.
La población ha demostrado resiliencia, pero está cansada. La violencia y la criminalidad sobrecargan otras fatigas, el covid-19, la inflación que constriñe el ingreso.
Le urge aminorar tensiones, habitar un “País Seguro”, que la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana que implementa el Gobierno no fracase como los planes fallidos de los últimos veinte años, cuando la delincuencia creció.
Se incrementó pese al gasto millonario en proyectos sin efectividad, “Barrio Seguro”, en el 2005, y “Vivir Tranquilo”, en 2013, desarrollados frente al espejo de la hipercorrupción, del robo impune del erario público.
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La sociedad necesita paz
¿Qué hacer?
Podrán perseguir motociclistas, llenar las calles de policías, todos los espacios de cámaras, perseguir motociclistas, atestar las cárceles de jóvenes detenidos en zonas marginales y de adolescentes los centros de rehabilitación.
El germen del mal brotará. Resurgirá. Más aún donde hay cárceles que son escuelas de delincuencia y quienes delinquen tienen protección policial y tejen en sus barrios redes de complicidad.
El país no ha tenido un plan de seguridad ciudadana que haya aplicado los ejes preventivo y participativo, que en la práctica no se limitara a un intenso patrullaje al acecho de delincuentes que temporalmente desaparecen, avisados por los mismos policías llamados a perseguirlos.
¡No es la solución! Lo reiteran especialistas, la experiencia lo confirma.
Al flexibilizarse la persecución, regresan decididos a atracar, asesinar, romper cadenas y candados, escalar edificios, cometer violaciones sexuales, asaltos motorizados en grupo. Reaparecen, como ocurrió en el sector Cristo Rey, Distrito Nacional, donde se inició “Mi País Seguro” en junio de 2021, año en que los homicidios crecieron un 22% respecto al 2020.
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Respuestas viables
Enfocando a la familia como parte esencial del problema y de la solución, estudios plantean respuestas más efectivas contra la delincuencia. La experiencia de ciudades extranjeras atestiguan su viabilidad.
Una condición fundamental es que los policías responsables del control delincuencial no estén involucrados en el delito, y que esta tarea se acompañe de recursos tecnológicos y una labor de inteligencia.
El éxito, supeditado a la esperada reforma policial, dependerá del fiel cumplimiento de una estrategia de visión holística que, junto a los ejes represivo, coercitivo y de rehabilitación social, incluya el preventivo y el participativo.
Políticas de prevención
La búsqueda de soluciones a un fenómeno de implicaciones familiares, económicas, sociales y culturales, debe partir de la aplicación de políticas de prevención que favorezcan la socialización e integración familiar. Dedicar mayor esfuerzo institucional a programas dirigidos al bienestar de niños, niñas y adolescentes vulnerables, al desarrollo de la juventud.
Romper los cordones de miseria, la marginación y desatención social, enfrentar las causas estructurales, la desigualdad y la pobreza, fortalecer las políticas sociales de acceso a la salud, la educación, empleo, vivienda y recreación.
Considerando la gran cantidad de adolescentes y jóvenes abandonados, maltratados, desatendidos socialmente, fuera del sistema escolar, desempleados, expuestos al comercio y uso indebido de drogas, se recomienda priorizar en la prevención a esta población en riesgo.
Atención especial ameritan los factores de riesgo que impulsan la criminalidad, la posibilidad de ser víctima de violencia o de involucrarse en hechos delictivos. Entre ellos: la violencia intrafamiliar y en las escuelas; deserción escolar; desempleo o subempleo; crecer en entornos de alta conflictividad y violencia; fácil acceso a las drogas y armas de fuego.
Además, evitar detenciones masivas de jóvenes de apariencia sospechosa sin evidencias de la comisión del delito, lo que ha ocasionado violación de derechos humanos, saturación del sistema judicial, sobrepoblación de cárceles y ejecuciones extrajudiciales.
Mejorar las condiciones de centros de rehabilitación con programas socioeducativos que garanticen la reinserción social del joven al concluir la sanción.
Esas y otras previsiones podrían determinar que, finalmente, el país disponga de un plan contra la delincuencia que en verdad sea una prioridad nacional, un compromiso expresado en el incesante accionar interinstitucional, no en proyectos incumplidos. Lograrlo constituye una emergencia: la sociedad necesita paz.
