Las dos leyes que han debido revolucionar y mejorar el sistema de salud de la población dominicana, me refiero a la Ley de Salud 84-01 y la que creó el Sistema Dominicano de la Seguridad Social 87-01 fueron promulgadas en el 2001 y los legisladores le colocaron un párrafo que daba un plazo de diez años para que en ese período de tiempo se pudiera inscribir a las diez millones de personas que se estima que es la totalidad de los que vivimos en el país.

¿Qué ha sucedido en estos diez años? Que los números de inscritos en la Seguridad Social no pasan de 23.4% del total de la población. Es decir, 20% en el componente contributivo y solamente 3.4%,  lo que son trescientas cuarenta y dos mil personas, en el subsidiado si dividimos el monto de dinero que la ley de presupuesto y gastos públicos le ha asignado a la tesorería de la seguridad social para el pago de las personas que deben estar en el componente subsidiado. El cálculo es fácil de hacer, divida los dos mil setecientos veinte y tres millones de pesos que les han entregado a la tesorería para ese concepto, por el monto del  Plan Básico de Salud que de acuerdo a la ley de Seguridad Social debe ser igual para los tres componentes, y es de  RD$ 7,942.92.

Con el cálculo anterior, se demuestra claramente que no es verdad que el Seguro Nacional de Salud, -SENASA- tiene inscritos a un millón quinientas mil personas en el componente subsidiado.

Una cosa es inscribirlos tal y como ordena la Ley 84-01 y otra es entregarles tarjetas del SENASA, con fines políticos, haciéndoles creer que están debidamente protegidos de acuerdo al coste del Plan Básico de Salud.

Por otro lado, cuando se discutían estas dos leyes antes de ser promulgadas, se decía que aproximadamente el 50% de la población estaría en el componente subsidiado y el restante 20% en el contributivo-subsidiado. Sin embargo estudios recientes señalan que el componente contributivo-subsidiado podría estar alrededor del 52% de la población, lo que repercutiría en beneficio del propio Sistema Dominicano de la Seguridad Social ya que el Estado a través del gobierno no tendría que pagar lo calculado primariamente, ya que el trabajador informal aportaría el 3.4% de su salario.

Sin embargo, no comprendemos porqué en los últimos seis años de gobierno peledeísta con Leonel Fernández como presidente el componente contributivo-subsidiado ni siquiera se ha discutido ampliamente y lo único que hemos leído en declaraciones de los responsables del SENASA es que este componente no es viable.

Los trabajadores por cuenta propia, sobretodo los que ganan apenas el salario mínimo tienen el derecho a disfrutar de la protección de la seguridad social de igual manera que los trabajadores formales o los pobres de solemnidad.

Estos trabajadores por lo menos tienen el incentivo de no quedarse de brazos cruzados y salen a diario a buscar el sustento para vivir aunque mínimamente con decencia y honradez.

Y, si son más del 50% de la población, con mucho más razón para buscarle la solución a este gravísimo problema.

Considero que los montos de la tarjeta de solidaridad, el bono gas y otros estímulos económicos bien podrían ir a la seguridad social que por derecho constitucional y por las leyes ya mencionadas la protección a la salud y la parte previsiva es un derecho y no dádiva para mantener subyugada a una parte de la población que por ignorancia tiene que vender su voto a la hora de elegir.