Todos los actores políticos están de acuerdo en la regulación de las campañas y las finanzas, pero dan vueltas a un proyecto de ley que lleva 10 años en discusión

POR JUAN BOLÍVAR DÍAZ
Esta semana se calentó el debate sobre la necesidad de  controlar las campañas y las finanzas de los partidos políticos y candidatos cuando se reveló que los aspirantes a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) habían sobrepasado los presupuestos presentados a la Junta Central Electoral (JCE).

La generalidad de los dirigentes políticos se ha expresado en respaldo de la reciente propuesta del Arzobispo de Santiago, monseñor Ramón de la Rosa,  para que las autoridades electorales establezcan límites, y los hagan cumplir, tanto en relación a la extensión de las campañas como de los ingresos y gastos.

Sin embargo, los legisladores no han hecho el mínimo esfuerzo por aprobar un proyecto de Ley Sobre Partidos y Agrupaciones Políticas que lleva una década en discusión y que ha sido introducido en la Cámara de Diputados en cuatro ocasiones, sin que haya pasado de las comisiones de estudio.

Secretismo en el PLD

Esta semana quedó roto el secretismo en torno a los gastos de los precandidatos presidenciales del partido de gobierno, que tanto los dirigentes de ese partido como el presidente de la Cámara Administrativa de la JCE se habían negado a revelar.

El secretismo contrastaba con el hecho de que en enero se reveló el monto de lo declarado por los precandidatos del Partido Revolucionario Dominicano, que ascendieron a $88.2 millones, que sumados al costo de31 millones invertidos por su partido en la organización del proceso, totaliza $119.2 millones.

Este mismo mes se conocieron los del Partido Reformista Social Cristiano, cifrados en 160 millones de pesos, incluyendo el costo organizativo. Eduardo Estrella y Amable Aristy reportaron cada uno $49 millones y Luis Toral $48 millones, más $12 millones por gastos organizativos del partido.

Pero esta semana se conoció no sólo que los precandidatos peledeistas habían informado que gastarían 129 millones 400 mil pesos (sin desglose por precandidato), sino que uno de los jueces de la Cámara Administrativa de las JCE, el doctor José Angel Aquino, reveló que los tres precandidatos de esa organización se habían sobrepasado de lo presupuestado en publicidad.

En el informe remitido por el PLD a la JCE se decía que el doctor Leonel Fernández había presupuestado un gasto de $22.8 millones en publicidad, pero al 15 de abril llevaba invertido $35.5 millones, $12.7 millones adicionales, equivalentes a 55-7 por ciento de exceso.

Danilo Medina, quien presupuesto para publicidad $15.8 millones, había gastado $26.3 millones, $10.50 demás, excediéndose en 66.4 por ciento. Y José Tomás Pérez, que presupuestó solo $6.5 millones, a mediados de mes ya había gastado $14.2, excediéndose en $7.7 millones, equivalentes a un 118.4 por ciento.

En el caso del PLD aún se ignora el total a gastar por cada uno de los precandidatos

Las revelaciones del juez Aquino causaron escozor y las protestas del secretario general peledeísta Reinaldo Pared Pérez y del doctor César Pina Toribio, ambos miembros de la Comisión Electoral del partido morado. También de Francisco Javier García, jefe de la campaña reeleccionista del presidente Fernández.

Lo que Aquino reveló fue el resultado de un monitoreo contratado por la JCE con la empresa Revisa, especializada en dar seguimiento a los contenidos de los medios de comunicación. Ya hace varias semanas el presidente de la Cámara Administrativa, Roberto Rosario, había adelantado que se hacía el monitoreo y sería dado a luz pública, como correspondía.

Clamor por regulación

Además del presidente de la JCE, Julio César Castaños, han respaldado la propuesta del arzobispo de la Rosa y Carpio para que se controle el gasto y la extensión de las campañas, el presidente del PRD, Ramón Alburquerque, el secretario general del PRSC, Víctor Gómez Casanova, el secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, y otros dirigentes políticos, empresariales y sociales.

Esta semana hasta Amable Aristy Castro, considerado entre los reyes del clientelismo favoreció la limitación a tres o cuatro meses de las campañas electorales, considerando que tienen un costo excesivo.

Hace años que diversos sectores sociales se quejan de le extensión y costo de las campañas y siempre encuentran la quiescencia de los líderes políticos sobre la necesidad de controles, los que están contemplados en un proyecto de ley que ha sido sometido a la Cámara de Diputados en 4 ocasiones, sin que haya pasado de las comisiones de estudio.

El proyecto comenzó a discutirse en el primer período de gobierno del PLD, cuando Onofre Rojas dirigía la Comisión para Reforma y Modernización del Estado. Al final de su gobierno el presidente Fernández lo envió por primera vez a la Cámara de Diputados.

En el gobierno del PRD la Comisión para la Reforma del Estado retomó el proyecto y volvió a discutirlo, al igual que antes con la participación de dirigentes de los partidos y de numerosas instituciones de la sociedad civil y el auspicio del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, la Unión Europea y otras entidades.

El proyecto original ha sufrido varias modificaciones a golpe de seminarios y coloquios, de negociaciones y comisiones de estudios. La última versión data del 2006 y reposa en alguna gaveta de la Cámara de Diputados, donde ha sido reintroducido tres veces por la doctora Licelot Marte de Barrios, hasta el año pasado diputada, y participante asidua en los escenarios de concertación a nombre de su partido, el PRSC.

La doctora Marte está convencida de la urgencia de aprobar el proyecto consensuado para normalizar y fiscalizar la acción partidista, ya que los partidos se manejan a su conveniencia con estatutos internos que modifican cuantas veces se les antoja y cuya violación no se sanciona.

Resalta el hecho de que tanto el presidente de la JCE como los jueces electorales José Angel Aquino y Leyda Piña han sido participantes activos del consenso para la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas. Castaños Guzmán habría sido un “facilitador” en las últimas discusiones del proyecto.

La pieza legislativa está integrada por 9 títulos y más de 70 artículos. El primer título define los partidos y las agrupaciones políticas y destaca los principios fundamentales de la democracia política y establece los procedimientos para su formación. Señala derechos y deberes.

El título II se refiere a las normas estatutarias. El III a la educación política, estableciendo la obligación de destinar a ese objetivo el 30 por ciento del financiamiento estatal.

El tema de las campañas primarias y nacionales se trata en la sección IV, ratificando un límite de tres meses para cada una. En la V se aborda el patrimonio y financiamiento de los partidos, desde que están en formación, con obligación de rendir cuentas públicas y se encomienda ala JCE y a la Cámara de Cuentas controlar y auditar los gastos.

El título VI se refiere al uso de los medios de comunicación, el VII a la pérdida de la personería jurídica y el VIII aestablece un régimen de penalidades que incluye la suspensión del subsidio estatal.

La última versión del proyecto, la del año pasado, está en manos del Poder Ejecutivo.

Dispendio escandaloso

La revelación de que en las campañas internas de los tres grandes partidos se había presupuestado un gasto superior a los $ 400 millones de pesos, ya sobrepasado por lo menos por los peledeístas, provocó escándalo en la opinión pública, generando nuevos pronunciamientos, artículos y hasta editoriales de periódicos pidiendo el control del dispendio.

Todo ello sin contar que la generalidad de los precandidatos ha presentado cifras subvaluadas, algunos llegando a considerar que los donativos en especie no se registran, y sin que se pueda estimar lo que se gasta en vehículos, combustibles, dietas y tiempo de los funcionarios en campaña, como tampoco el importe de los donativos de alimentos y materiales comprados con recursos del Estado.

Es un hecho comprobado que patanas y camiones cargados de alimentos y materiales de construcción están siendo repartidos en los escenarios de la campaña para la elección del candidato presidencial del partido morado. Eso fue patente el pasado fin de semana en la región Sur. Los donativos se hacen a nombre del presidente Fernández especialmente en los lugares donde su contrincante Danilo Medina hace campaña.

Los precandidatos que más recursos han gastado en las precampañas son el presidente Fernández, Danilo Medina, Miguel Vargas Maldonado y Amable Aristy Castro, si se mide por la propaganda y los séquitos que los acompañan. En liga menor quedarían Eduardo Estrella, José Tomás Pérez, Milagros Ortiz Bosch y Luis Toral.

Para la interna perredeista Vargas Maldonado reportó a la JCE gastos por $52.8 millones, mientras Ortiz Bosh lo hacía por $35.3 millones para un total de $88.1 millones. Pero para cualquier elemental observador, la campaña del primero debió multiplicar al menos por diez el gasto de la segunda, tanto en propaganda en los medios de comunicación social, como en vallas afiches y activistas..

 Entre observadores políticos y periodísticos existe la convicción de que el costo de la campaña tiene que triplicar o cuadruplicar los 400 millones estimados, si se sinceran los datos y se suman todos los “donativos”..