En República Dominicana urge contar con un marco legal que otorgue a las empresas y comerciantes que se encuentran ante un escenario de dificultad financiera la salvaguarda necesaria para facilitar su reorganización o disolución, de forma tal que se proteja tanto a deudores como a acreedores, e incluso el Estado.

Así lo afirmó el vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, quien destacó que este es el objetivo que se persigue con el proyecto de Ley de Reestructuración Mercantil y Liquidación Judicial o Ley de Quiebras, que fue aprobada en primera lectura en la Cámara de Diputados y que será conocido en segunda lectura este martes 21 de julio.

Destacó que este proyecto de ley contiene los principios y procesos suficientes para solucionar la situación actual, contribuyendo a mejorar la economía nacional, así como la seguridad jurídica y el clima de inversiones del país.

Resaltó que de acuerdo con el informe Doing Business 2015 del Banco Mundial, República Dominicana se encuentra en la posición No. 84 de las 189 economías nacionales evaluadas, con una puntuación de 63.43 sobre 100.

Sin embargo, el punto peor evaluado de este estudio fue el relativo a la Resolución de la Insolvencia, con una puntuación de 23.75 sobre 100, ocupando el lugar 158 de 189 países.

“Nos encontramos actualmente por debajo del promedio de América Latina, con la segunda peor calificación después de la República de Haití en el tema de resolución de la insolvencia”, dijo al ofrecer una conferencia sobre esta legislación en la apertura del X Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría (CIFA 2015).