Urge reducir el período de transición

Urge reducir el período de transición

El limbo que ha vivido la nación, los escándalos gubernamentales y la incertidumbre han vuelto a mostrar la urgencia de reducir el período de transición política nacional, lo que a su vez se vincula con reformas relativas a la mayoría necesaria para elegir el presidente de la República y a la segunda vuelta.

El gran apagón en que vive el país en las últimas semanas es una de las más dramáticas consecuencias de la irracionalidad. El gobierno lleva meses subsidiando el costo de la energía eléctrica, al no haber permitido sólo por razones políticas que fuera traspasada a los usuarios la elevación del precio del petróleo. Pero entonces no paga a los generadores y estos apagan sus plantas en un interminable y deprimente pulseo.

Seguro que muchos de mis lectores pensarán que los dos párrafos antecedentes fueron escritos en estos días. El primero fue la introducción, y el segundo parte del análisis titulado «Más reformas necesarias» que publiqué en la revista Rumbo, número 340 (páginas 28 y 29) del 7 de agosto del 2000. Es decir, hace cuatro años, en el anterior período de transición, cuando el agrónomo Hipólito Mejía esperaba recibir la presidencia de su antecesor el doctor Leonel Fernández, justo lo inverso que ocurre ahora.

Ahora como entonces hay que deplorar los desaguisados gubernamentales. Y una vez más se vuelve a demostrar que esta transición es demasiado prolongada, que viene de períodos en que los gobiernos se sucedían a sí mismos. Como en el México del Partido Revolucionario Institucional, que gobernó más de siete décadas. Allí la transición es mucho más larga, de 5 meses.

Con la alternabilidad en el poder que predomina en América Latina en las últimas dos décadas, y en la República Dominicana por tres períodos consecutivos, la transición tiene que ser más breve, para evitar lo que aquí se ha dado en llamar travesuras, que en justicia debemos llamar abusos del poder.

Mucha gente, aún de las bien informadas, no se recuerdan lo que ocurrió en la transición del 2000. Mucho menos en las anteriores. Y probablemente tampoco recordarán dentro de un par de años lo que ocurre hoy.

Por eso es necesario que insistamos en la necesidad de una reforma constitucional que reduzca el período de transición y la necesidad de una doble vuelta, costosa y traumática, donde predominan las seudo alianzas oportunistas, a menudo en extraña simbiosis de maco y cacata.

En primer lugar, ahora con el voto de los residentes en el exterior, es urgente que cambiemos la fecha fija de las elecciones generales, que es el 16 de mayo. Podría instituirse la segunda o tercera semana de mayo para de esa forma auspiciar que la comunidad de nuestros emigrantes ejerzan el derecho ciudadano. También podría ser en junio si se quiere mantener la festividad de la Restauración de la República como fecha de inicio de nuestros períodos gubernamentales.

Si hay necesidad de una segunda vuelta, ésta debería ocurrir 4 domingos después de la primera, y en igual período la juramentación del nuevo gobierno. La elección en segunda vuelta debe darse con un mínimo del 45 por ciento, si el candidato puntero supera al segundo con más de 10 puntos, como rige en Argentina. Se reduciría así la necesidad de la doble votación, manteniendo una proporción significativa del electorado. Se supone que el requerimiento de la mayoría absoluta nació para evitar gobiernos de minorías, como el de 1990.

El interés nacional, la reducción del costo económica de las elecciones, lleva también a reducir drásticamente el período de la campaña electoral y las precampañas para escoger candidatos. Igualmente se requiere de alguna legislación que impida a los gobiernos hacer compromisos durante el período de transición que comprometan a la siguiente administración, a menos que tengan el aval del presidente entrante.

Pero mientras se materializan estas reformas, que sólo caben dentro de una amplia, serena y profunda revisión de la Constitución, hay que apelar al presidente Hipólito Mejía para que adelante la colaboración con las nuevas autoridades a fin de que estas puedan empezar a planificar las acciones gubernamentales.

No podemos aplaudir la dicotomía del discurso que cambia según se esté en el gobierno o en la oposición. Lo que Hipólito Mejía denunció hace 4 años, no puede ejecutarlo ahora como si nada.

Permítanme concluir al igual que en el análisis de hace 4 años citado: «Las incertidumbres, la inercia, el tiempo perdido de esta transición no deben olvidarse, y más bien hay que evitar que se repitan en el futuro».

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