En el proceso de reordenamiento mediante el cual el ingeniero Miguel Vargas moderniza y actualiza nuestra Cancillería, elaborar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con el incordioso vecino Haití reviste una prioridad inaplazable.
Nuestro país debe poner coto a la actitud impredecible, chantajista e inaceptable del tormentoso vecino, fijando las reglas claras y las líneas rojas de nuestras siempre espinosas relaciones, con la normativa haitiana de ocupar progresivamente nuestro territorio sin disparar un tiro, cuando recordamos que para sacarlos de su afrentoso dominio (1822-1844), nuestros patriotas libraron entre 1844-1856, un racimo de 29 batallas, reyertas, escaramuzas y pleitos para expulsarlos.
El país está saturado de nacionales haitianos indocumentados, culpa de los gobiernos de Leonel Fernández, que demoró ocho años para aprobar el reglamento de la ley 284-05, que defina la política migratoria del Estado dominicano, y el presidente Danilo Medina, que no ha movido un dedo para normalizar esta coyuntura peligrosa que socava y vulnera la endeble soberanía nacional.
Recién el sábado 20 de este mes, las autoridades haitianas prohibieron el ingreso a su país de varios productos dominicanos desde Dajabón, una necia como chantajista actitud que se sucede cada vez que hay un asomo de corregir la masiva presencia ilegal haitiana, percibida en mendigos en los semáforos de las principales avenidas de Santo Domingo y Santiago.
Procede, ipso facto, que el canciller Vargas redacte el borrador de un TLC con el asfixiante vecino, y remitirlo al criterio final del presidente Medina, formalizando de una vez por todas, el comercio bilateral, y pautar concomitante, una política responsable, sin exabruptos, complacencias ni lucro para militares de servicio en la frontera, en menoscabo de nuestra soberanía, conforme al estricto espíritu de la Ley 284-05, que explica taxativamente, la política migratoria del Estado dominicano.