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POR JUAN BOLÍVAR DÍAZ
El escándalo del centenar de vehículos de todo tipo robados y usufructuados por altos oficiales de la Policía Nacional tras ser recuperados, en vez de ser devueltos a sus propietarios, es un dramático indicador de los niveles de «legitimidad» alcanzados por la corrupción en el país.
La ocurrencia que ha impactado la opinión pública durante casi dos semanas es una primera prueba para las nuevas autoridades, de las que se esperan señales inequívocas de voluntad política para combatir una corrupción que causa alarma en la sociedad dominicana y en los ámbitos internacionales.
La ocurrencia fortalece el criterio de que la sociedad dominicana tiene que hacer una catarsis de la corrupción, comenzando por el mayor escándalo de todos los tiempos que es sin duda la quiebra de tres bancos que ha hundido la economía nacional, pese a lo cual se generaliza la sensación de que una vez más prevalecerá la impunidad.
UN ESCÁNDALO GRAVÍSIMO
Es muy probable que el nuevo Jefe de la Policía Nacional, general Manuel de Jesús Pérez Sánchez, no sospechara el nivel del escándalo que provocaría el plazo público de tres días que otorgó al comenzar el mes de septiembre para que los oficiales que usufructuaban vehículos robados y recuperados por la institución los devolvieran.
Desde el principio el comandante policial había cifrado los casos en un centenar, cifra que fue alcanzada el jueves, en medio de una alarma generalizada, aunque la práctica viene de lejos y ya en algunas ocasiones, como la década pasada, se publicó que dos vehículos robados aparecieron en la marquesina de un oficial de la Policía.
El asunto era un secreto a voces, pero nadie sospechaba que había alcanzado la dimensión del centenar de vehículos. Fue destapado por los reclamos del sector asegurador ante la Superintendencia de Seguros, cuyo titular Euclides Gutiérrez Félix motorizó la acción del jefe de la Policía.
Ante tal dimensión, las autoridades aparecen en un serio dilema, porque las sanciones que corresponden son de carácter penal y conllevarían la degradación de decenas de altos oficiales. Después del retiro de una treintena de generales y coroneles de la policía decretado en las primeras semanas del nuevo gobierno, implicaría un «chapeo» mayúsculo de la oficialidad de la institución encargada del orden público.
Es obvio que una parte de los vehículos estaban en manos de algunos de los retirados, pero también de los que ocuparon sus posiciones, con el agravio adicional de que hace años ya se había «legitimado» en la PN ese escandaloso usufructo.
Los informes de prensa han señalado el hecho de que algunos oficiales usufructuaban más de un vehículo para beneficio de sus familiares y se puso nombre y apellido a uno que habría devuelto cinco.
Desde luego que también hay muchos oficiales que no se sumaron a ese latrocinio que conllevaba premeditación y alevosía, como lo prueba el hecho de que a muchos de esos automóviles, jeepetas y camionetas se les borraron la numeración de sus chasis fueron pintados de otro color y circulaban sin placas, o con placas oficiales, o de otros vehículos, ante la imposibilidad de cambiarles las matrículas.
URGENCIA DE SANCIONES
Lo primero que se impondría para evitar que sean estigmatizados justos por pecadores, es hacer pública la lista de los que se hicieron cómplices del robo de los vehículos, cosa que por lo menos el periódico El Día ya ha demandado formalmente, amparado en la recién promulgada ley sobre transparencia informativa, que de esa forma queda sometida a una primera prueba.
Tanto el fiscal del Distrito Nacional, como el consultor jurídico del Poder Ejecutivo han convenido públicamente en que la ocurrencia ameritaría sanción, pero el descreimiento es tan grande que casi nadie la espera, al menos en la dimensión que correspondería, que sería la destitución y procesamiento judicial de quienes resultaren responsables.
La sanción fortalecería la imagen del nuevo gobierno y especialmente del Jefe de la Policía empeñado en dar nuevas dimensiones a esa institución, al tiempo que alentaría expectativas de combate a la corrupción..
Tender un borrón y cuenta nueva sobre este escándalo debilitaría de inmediato la credibilidad de las nuevas autoridades para enfrentarse al flagelo de la corrupción y les restaría moral para denunciar las acciones de los recién desplazados del poder.
La dimensión de este caso es de las mayores que se registran. Pues aquí no sólo se trata de actos propios de delincuentes, sino además ejecutados por quienes están investidos y pagados por la sociedad precisamente para combatir la delincuencia.
Se agrava también por el hecho de que se trata de un despojo a ciudadanos y ciudadanas que confiaron en la Policía Nacional y pusieron en sus manos la recuperación de vehículos que les habían sido robados.
Otro de los dilemas de justicia en el caso es hasta dónde se llegaría hacia atrás, tomándose en cuenta que la práctica lleva por lo menos dos décadas, de acuerdo a fuentes bien enteradas de los asuntos policiales.
El fiscal José Manuel Hernández agregó otro ingrediente al denunciar que también armas incautadas a la ciudadanía eran «cargadas a oficiales de la Policía, con y sin registro», lo que implica otra modalidad de despojo.
ALGO HAY QUE HACER
Las investigaciones y sanciones habría que extenderlas a las fiscalías, a la Dirección Nacional de Control de Drogas, la Dirección General de Aduanas y hasta a la Secretaría de las Fuerzas Armadas, por lo menos.
Desde hace años se denuncia que en las fiscalías desaparecen las pruebas de los delitos y que en la Dirección de Control de Drogas se reparten automóviles fincas y hasta residencias incautadas a narcotraficantes. De tiempo en tiempo ha saltado a los medios de comunicación que personas descargadas en instrucción de expedientes de drogas no han podido recuperar sus propiedades, a veces simplemente porque ya habían sido distribuidas. Justamente el jueves el Listín Diario dio cuenta de la «desaparición» de unos 30 vehículos, algunos de lujo, incautados al exalferez de la marina Gustavo Isidro Zayas García, quien fuera muerto en octubre pasado en circunstancias aún no esclarecidas, y a quien se ligaba a actividades ilícitas.
Al mismo tiempo la Dirección General de Aduanas publicaba un aviso dando un plazo de 72 horas a «exfuncionarios, exempleados, militares y personas particulares e instituciones» para que devuelvan los vehículos de esa entidad que usufructúan.
Se trata de otra práctica sabida y denunciada anteriormente y esta probablemente lleva más años en vigencia. En el año 2000 también Aduanas y el Departamento de Prevención de la Corrupción llamaron públicamente a la devolución de cientos de vehículos incautados al llegar de contrabando, subvaluados o porque sus propietarios no pudieron pagar los impuestos y que fueron a parar a manos de allegados del gobierno, civiles y militares. Nunca se supo cuántos fueron devueltos.
La distribución o despojo se habría extendido a muchas de las armas incautadas por fuerzas policiales y militares en los operativos masivos de registros realizados en los últimos años por Fuerzas Armadas y PN. Incluso se dio el caso de personas que tenían permisos de porte de armas pero no los llevaban cuando fueron requisados. Luego no aparecieron sus armas. Un chofer de Teleantillas pasó por esa experiencia.
Esas prácticas son tan generalizadas que hasta en los cuarteles policiales y militares se acostumbra disponer de armas y otras propiedades incautadas a ciudadanos. A menudo el silencio es el precio a pagarse para no ser sometido a la acción judicial.
SE REQUIERE UNA CATARSIS
Estudiosos de la conducta humana y analistas sociales han convenido en que la sociedad dominicana está alcanzando los máximos niveles de corrupción, y que legitima todo tipo de despojo y usurpación de lo ajeno, que además se exhibe a vista pública.
Las prácticas de corrupción son tan generalizadas que han adquirido carácter de legitimidad, lo que a su vez es un incentivo a la delincuencia común, pues los que no disponen de empleo o posiciones lucrativas sienten que también tienen derecho al disfrute de lo ajeno, aún tengan que apelar hasta el asesinato.
Y lo peor es que ya esas prácticas no se relegan al ámbito público, sino que cada vez abarcan a mayor número de actividades privadas, surgiendo como ejemplo las quiebras fraudulentas de bancos y financieras, con escandalosa impunidad.
Se recuerda que en las últimas dos décadas quebraron decenas de financieras y media docena de bancos, pero ni uno solo de sus responsables ha sido condenado por la justicia. Tampoco queda uno solo preso de los cuatro o cinco que fueron procesados.
El ejemplo paradigmático, por su volumen y por haber implicado la pérdida de cien mil millones de pesos que hundieron la economía nacional, es el de los tres bancos quebrados el año pasado. Nadie guarda prisión por ello y los procesos no pasan de instrucción, mientras cada vez son más claras las señales indicativas de impunidad.
En los ámbitos diplomáticos y de organismos internacionales resalta la pérdida de asombro ante la corrupción que padece la sociedad dominicana. Un funcionario extranjero comentaba hace algunos meses, al referirse al caso de la quiebra del Baninter, que la sociedad dominicana requiere una catarsis de la corrupción.
Se señalaba el hecho de que aún no se han publicado las listas de los beneficiarios de las decenas de miles de millones de pesos malversados en ese banco en un escándalo mayor que el atribuido a Vladimir Montesinos, a quien se acusó de haber corrompido a gran parte del liderazgo político y social de esa nación. Pero los peruanos hicieron su catarsis con la publicación de todos los nombres, vídeos incluidos, y con el arresto y procesamiento del cual el otrora todopoderoso funcionario no ha podido librarse.
