JUAN BOLÍVAR DIAZ
El Congreso Nacional del Foro Presidencial por la Excelencia de la Educación Dominicana celebrado esta semana es probablemente el acontecimiento más positivo ocurrido en el país en lo que va del año.

El evento ha sido fruto de la acción concertada de las secretarías de Educación y de Educación Superior y del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional, conjuntamente con las universidades e instituciones preocupadas por el urgente mejoramiento de la capacitación de los hombres y mujeres dominicanos.

Entre las conclusiones del congreso resalta concretar los trabajos para que al comenzar la segunda mitad del año se dé inicio a un nuevo plan decenal de educación que promete dar respuesta «al proyecto de nación que estamos construyendo para afrontar los desafíos de la realidad dominicana, de la globalización y de la sociedad del conocimiento».

Hay que recordar que el Plan Decenal ejecutado entre 1992 y el 2002 conllevó un esfuerzo de rescate de la educación nacional del abandono en el que la sumió la política de siembra de varilla y cemento y los ajustes fondomonetaristas de las décadas del setenta y el ochenta, cuando la inversión en educación cayó a los niveles más bajos imaginables. Hubo años en que los recursos destinados a educación no alcanzaban ni para el suministro de borradores y tizas a las escuelas y los salarios del magisterio fueron degradados al máximo.

Aunque ha habido notables avances en el mejoramiento de la educación, estamos lejos de alcanzar los niveles que siquiera nos equiparen con el promedio de las naciones latinoamericanas. Estudios y avaluaciones internacionales indican que ocupamos las últimas posiciones en múltiples aspectos de la excelencia educativa.

Y no ha sido por falta de diagnósticos ni de reclamos de los agentes educativos y de otros sectores, como el religioso y el empresarial, que han enfatizado en los últimos años el principio fundamental de que la educación es la base del desarrollo nacional.

El congreso de esta semana en un hecho positivo, pero podría ser irrelevante si no hay suficiente voluntad política para traducir sus conclusiones en realizaciones.

De por sí el nuevo plan decenal debió haber arrancado con el año, pero un retraso de varios meses en la celebración del congreso lo hizo imposible. En el fondo radica el hecho de que más allá de las buenas intenciones del Foro Presidencial por la Excelencia Académica, las autoridades gubernamentales aún no se deciden a invertir todos los recursos necesarios para la revolución educativa que requiere el país.

Todavía en la inauguración misma del Congreso el presidente Leonel Fernández restó importancia al nivel de inversión en la educación, obviamente como forma de justificar el incumplimiento de la Ley General de Educación y la ley de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, textos donde se consigna que debemos dedicar al sector el 16 por ciento del gasto público o el 4 por ciento del Producto Interno Bruto.

El reclamo de los recursos que legalmente corresponden a la educación estuvo presente en el Congreso en boca de dirigentes empresariales y de instituciones vinculadas a las actividades educativas así como de rectores universitarios. Debe reivindicarse como el primer paso para que tomemos con seriedad un nuevo plan decenal educativo, pues si no cumplimos la ley tampoco lo haremos con los programas aunque estén revestidos de hermosas frases y propósitos modernizantes.

Es necesario que nos convenzamos de que aún estamos muy lejos de la excelencia educativa. Y si alguien lo duda sólo tiene que echar una mirada al magisterio nacional. Sus todavía bajo grado formativo, aún con una alta proporción de titulación académica, y sus precarios niveles laborales y de vida no le permiten convertirse en los agentes activos de la excelencia educativa.

Los salarios que se paga a los maestros, desde la educación inicial a la superior son un verdadero bochorno, demostración fehaciente de la poca valoración que tenemos por la función docente. A ello hay que agregar el hacinamiento y la sobrepoblación de las aulas, lo que reduce el seguimiento a los estudiantes. La doble y triple tanda docente para reunir ingresos apenas de subsistencia son una rémora.

Por donde quiera que se mire el problema educativo, demanda mucho más inversión. No es problema de buenos propósitos ni de frases huecas. La resolución 13 del congreso de esta semana lo recoge con precisión: «Una revolución educativa implica una sostenida y sostenible inversión en educación.

En ese sentido el Estado debe destinar los recursos necesarios y suficientes para garantizar el financiamiento que requiere el sistema educativo dominicano en todos sus niveles y modalidades».