POR CLAUDIO CABRERA
El uso de instrumentos económicos para estimular e incentivar actividades positivas sobre el medio ambiente en la República Dominicana es muy escaso y no ha sido persistente con el diseño de las políticas.

De acuerdo a lo expresado en el documento “Coordinación de las políticas fiscales y ambientales en la República Dominicana”, elaborado con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en los hechos el uso de instrumentos económicos que procuren incentivar actividades con externalidades positivas sobre el medio ambiente, no ha sido persistente en el diseño de las políticas del país”.

Refiere que las veces que se ha tratado de promover este tipo de actividades, se ha dado rápida marcha atrás para privilegiar nuevamente instrumentos de comando y de control.

El documento elaborado por los economistas Magdalena Lizardo y Rolando M. Guzmán, con el auspicio de la Agencia Alemana de Cooperación (GTZ), resalta que el largo proceso tendente a la incorporación y uso de instrumentos económicos en la regulación ambiental, es vívidamente ilustrado en el contexto de la regulación de los recursos boscosos.

Advierte que en este caso como ejemplarizan las leyes sobre conservación forestal y árboles frutales, mediante las leyes que prohiben la tala de árboles en las cabeceras de ríos y arroyos y otra que dispone el cierre de los aserraderos, la mayoría de las disposiciones de política se basan en la prohibición de la explotación del bosque.

Expone que en los casos en que el objetivo ambiental es explícito como los incentivos tributarios para fomentar la producción forestal, el uso de incentivos fiscales “no ha sido sostenido en el tiempo, restando credibilidad al instrumento, o se han generado efectos negativos sobre las finanzas públicas, como es el caso del subsidio al gas licuado de petróleo”.

Explica que la más reciente experiencia en el uso de instrumentos económicos para fines mediaoambientales, es la creación en el año 2000 del fondo de interés nacional por mandato de la ley tributaria de hidrocarburos (Ley 112-00) que dispone que el 2% de los ingresos percibidos a través del impuesto a los hidrocarburos fuera destinado a fomentar programas de energía alternativa, renovables o limpias y un programa de ahorro de energía.

LAS PROHIBICIONES

El documento explica que la mayoría de las disposiciones de política para manejar el medio ambiente en el país emanan del criterio de que es preciso prohibir la explotación del bosque, “imponiendo severas multas a sus infractores”.

“Aún más -revela el documento citado-, dada la visión de que la conservación del bosque requería de una férrea disciplina y autoridad, en 1977 se dispuso mediante la Ley 06, el traspaso de la Dirección General de Foresta de la Secretaría de Estado de Agricultura a la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas”.

Pero advierte que hacia mediados de los años 80 pareció evidenciarse un cambio en la forma de abordar el problema de la deforestación y surgieron algunas propuestas y políticas orientadas a propiciar un cambio y el desarrollo de una silvicultura sostenible.

Fue de esta manera como en 1980 fue creado el Fondo Nacional de Reforestación, orientado a financiar proyectos de silvicultura comercial y en 1985 se aprobó la Ley de Incentivo al Desarrollo Forestal (Ley 290), modificada luego por la ley 55, de 1988.

“Estas dos últimas leyes otorgaban incentivos fiscales a las empresas dedicadas a la silvicultura y especializaban el 10% de la cartera de préstamo de bancos comerciales, hipotecarios y de desarrollo, al financiamiento de proyectos forestales previamente aprobados por la Comisión Técnica Forestal”.

Pero sostiene que esta orientación “fue realmente efímera”, y rápidamente se evidenció una vuelta al predominio de los instrumentos de comando y control en lo que respecta a la conservación del recurso forestal.

Un decreto del año 1990, el 221, retomó la prohibición de la tala de árboles en cabeceras de ríos y zonas aledañas a ríos y lagos. Pero años más tarde, en 1999, se restableció el uso de instrumentos económicos, con el propósito de desarrollar una silvicultura mediante la aprobación del Código Forestal.

DOS IMPLICACIONES

La experiencia en el manejo de los bosques para evitar los daños al medio ambiente, reflejan que de un lado hay una inestabilidad en el enfoque de las políticas que favorecen el uso de instrumentos económicos.

Tal situación resta credibilidad al marco regulatorio e impide que se evidencien los cambios deseados en la conducta de los agentes, “ya que las políticas son modificadas cuando no bien se han realizado las inversiones necesarias para responder a los nuevos mecanismos de incentivo”.

En otro orden, sostiene que la historia de la regulación del uso de los recursos forestales del país pone de manifiesto la incapacidad de los instrumentos de comando y control para proteger un recurso ambiental, cuando hay una masa relativamente grande de involucrados y la probabilidad de ser efectivamente penalizado es muy baja.

“En estos casos no existe posibilidad de resolver los problemas ambientales, sin tomar en cuenta el trasfondo económico en el cual los mismos se producen”.

En tal caso dicha situación implicaba no sólo la readecuación de los instrumentos de incentivos y financiamiento a las condiciones de escala de producción de pequeños agricultores, sino también un trabajo de extensión agrícola y educación orientado a garantizar la protección del agua, el suelo y el bosque y en las zonas de montaña.

También está dirigido a propiciar el surgimiento de nuevas formas de generación de empleos e ingresos vinculados a una agricultura sostenible, no depredadora y al desarrollo de la silvicultura.

Refiere que es finalmente mediante la Ley 64-2000 cuando se establece explícitamente que el Estado puede hacer uso de una variada gama de instrumentos, con el propósito de fomentar prácticas de manejo de los recursos naturales y de gestión ambiental que generan externalidades positivas o contribuyan a reducir externalidades negativas en el uso de los recursos naturales.