Urgencia de disponer de espacios dignos para privar de libertad. La coerción de vía judicial que sume a personas en encierros de degradación física y moral previa a fallos culminantes de tribunales, es violatoria de los derechos humanos en toda extensión. Más si ese destino cruel lo deciden o ejecutan policías como auxiliares investigadores o fiscales para las inculpaciones a dilucidar.
Tampoco se debe hacer cruzar a individuos por el umbral de ergástulas en calidad de convictos en un nivel de civilización en el que ya se reclama que a los animales mismos se les libre de sufrimientos.
Aun más, y volviendo a los seres racionales, los conflictos con la ley suelen transcurrir por instancias que tardan en llegar al nivel de lo definitivamente juzgado. Justicia demorada, justicia denegada. El Estado no debe encerrar a hombres y mujeres en lugares que causen daños físicos y emocionales.
De hacerlo, a los carceleros les correspondería la condición de supuestos violadores de leyes para el mismo encarcelamiento correcto que a otros niegan.
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El riesgo de estar preso injustamente siempre es posible por circunstancial presencia en escenarios de crímenes o por graves imperfecciones indagatorias. El proceder de persecutores policiales a veces queda bajo presiones que conducen a apelar a la búsqueda de chivos expiatorios para enmascarar fracasos.
Algunas celdas del país violan brutalmente la presunción de inocencia y el respeto a la condición humana bajo toda circunstancia.