Es muy breve plazo para presentar pro- puestas licitaciones Línea 2-C del Metro

La extensión del Metro hacia Los Alcarrizos es una obra esperada por los munícipes de Los Alcarrizos y Santo Domingo Oeste, la cual el presidente Luis Abinader prometió al inicio de su Gobierno.

La experiencia de otros países ha demostrado que después de iniciado el transporte masivo a través de esta modalidad, a partir de ahí, parte de los logros de una administración gubernamental se miden por la cantidad de kilómetros o estaciones que esta haya añadido al Metro, o por la cantidad de vagones puestos en circulación. La población ha reaccionado muy favorablemente a este anuncio presidencial.

Para cumplir con dicha promesa de Estado, la Opret ha publicado, entre otras, cuatro licitaciones sobre las cuales llamamos la atención del amigo Carlos Pimentel, titular de la Dirección General de Contrataciones Públicas, ya que ingenieros y empresas nacionales y extranjeras han externado su preocupación por la forma como las mismas están siendo ejecutadas, sin apego a la Ley 340-03 de Compras y Contrataciones Públicas y su Reglamento 543-12. Nos referimos a los siguientes procesos:

Opret-mae-peur-2021-0004 • construcción obra civil y terminación de la Terminal Los Alcarrizos, línea 2-C del Metro de Santo Domingo, por un valor de 825 millones

OPRET-MAE-PEUR-2021-0003 • gestión de proyectos (project manager) y dirección de las obras civiles requeridas para la construcción de la Línea 2-C del Metro de Santo Domingo por valor de RD$990 millones.

OPRET-MAE-PEUR-2021-0002 • explanación y portal para túnel minero de la Línea 2-C del Metro de Santo Domingo por valor de 180 millones, y

OPRET-MAE-PEUR-2021-0001 • excavación de túnel minero con la operación de equipos de tunelación de la OPRET, incluyendo: a) extracción y acopio de material excavado, b) aplicación hormigón proyectado de protección, c) suministro e instalación drenaje lateral, d) suministro e instalación de cercas metálicas, y e) suministro y colocación de hormigón armado en el escudo de túnel minero, (tramo: e —@ e —, l = 870 mts), Línea 2-C del Metro de Santo Domingo por valor de RD$972 millones.

Estas licitaciones fueron publicadas el lunes 26 de julio, y acorde con el cronograma, las propuestas deben ser entregadas, todas, el 9 de agosto, es decir con tan solo 9 días hábiles de preparación.

La documentación que se exige para dicha presentación es sumamente extensa y estricta, como debe de ser, explicando las empresas que incluye la contratación de un amplio personal, entre ingenieros, técnicos, especialistas, de los cuales /.

varios tienen que presentar avales certificados de obras similares en las que han participado, así como relaciones de obras realizadas por la empresa similares al objeto de la licitación. Se piden además, las documentaciones oficiales que expiden las instituciones del Estado, como DGII, la TSS y otras; estados financieros auditados, y si participan empresas extranjeras asociadas con dominicanas, se ven en la obligación de apostillar sus credenciales y adquirir el Registro de Proveedores del Estado; esto toma su tiempo.

El corto plazo de 9 días hábiles lo justifican, tomando en consideración que la Opret ha declarado estas obras de urgencia, para poder otorgar este tan cerrado tiempo, ya que en condiciones normales, no de urgencia, el plazo que establece la Ley, ronda los 45 días.

Dicha ley y su reglamento, establecen las razones por las cuales una determinada obra puede ser declarada de urgencia, así como el procedimiento para tal realización; en este sentido el artículo 3, acápite 3 del Reglamento señala:

3.-Situaciones de urgencias. Son situaciones de caso fortuito, inesperadas, imprevisibles, inmediatas, concretas y probadas, en las que no resulta posible la aplicación de los procedimientos de selección establecidos en la ley, en tiempo oportuno. Y el acápite 7-a expresa:

a) No serán considerados casos de urgencias las compras y contrataciones que se encuentran incluidas en los respectivos planes y programas de compras y contrataciones de las instituciones que se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la ley.

La queja de las empresas es que claramente se evidencia que ninguna de esas obras califica para ser declarada de urgencia como se ha hecho, irrespetando así el espíritu de la Ley de Contrataciones, que busca que se amplíe el abanico de participaciones, para que el Estado pueda contratar con el mejor proveedor en tiempo, calidad y precio, tomando en cuenta que en las mismas se comprometen unos 3 mil millones de pesos del erario público.

Esta modalidad, de por más ilegal, no les permite preparar ofertas competitivas que puedan resultar en beneficio de los fondos de la nación, lo cual debe ser de la preocupación de la Dirección General de Contrataciones Publicas.