Al final del interesantísimo informe evacuado por el Panel de técnicos que examinó las repercusiones de la compra de las Edes de Unión Fenosa por parte del gobierno dominicano, se consigna una recomendación que la opinión pública debe considerar con extrema atención. Esta recomendación es la siguiente:

“La última pero principal recomendación del Panel es la de apoyar la iniciativa del Gobierno a convocar un Pacto Político hasta el final de la presente administración que permita un acuerdo lo más amplio posible en materia de tarifas eléctricas, subsidios, e impuestos y deseablemente también sobre gastos públicos. Este Pacto ha sido sugerido independientemente por parte del Gobierno, el sector privado a través de CONEP y por parte de los partidos de oposición”.

Este consejo es muy oportuno, sobre todo porque proviene de expertos escogidos por el Fondo Monetario Internacional, organismo que negocia actualmente un acuerdo stand by que procura ayudar al gobierno del Presidente Hipólito Mejía a diseñar un programa económico dirigido a superar la calamitosa crisis que desespera y empobrece a tantos dominicanos.

Si los dominicanos tuvieran una democracia funcional esta recomendación no se hubiera producido. Eso creo. Pero ocurre que este gobierno, como los anteriores y los otros y los otros y los otros, actúa como si la oposición política no existiera, como si las organizaciones de intereses tampoco existiera y como si la opinión pública no contara. Por una razón sencilla: cada huésped de la casa de gobierno, del Palacio Nacional, tiene la convicción de que la dirección del país se le entregó para que hiciera y decidiera a su mejor parecer.

Nada más tenemos que fijarnos en cómo se expresan del patrimonio público. Hablan de mi gobierno, de mi gestión, de yo entregué tantos millones para tal cosa, yo me estoy sacrificando con un subsidio de equis millones, yo soy el Presidente, etcétera. Media la idea de pertenencia, de propiedad y, por supuesto, de exclusión.

Pero ocurre que el embrollo económico de ahora es tan grande y reclamará de tantas decisiones para recuperar la estabilidad perdida, en un plazo que nunca será de uno o dos años, que ni este gobierno, ni el próximo, podrán enfrentarlo solo, con sus fuerzas, con sus medidas y con sus iniciativas. Se necesita y se necesitará el apoyo de la opinión pública y, más concretamente, la participación de los propietarios de los medios de producir riqueza y de los trabajadores.

Es evidente que el gobierno necesitará miles de millones de pesos adicionales para enfrentar el colosal déficit que genera el Banco Central y el propio gobierno central. Este dinero tendrá que llegar de alguna parte, pero nunca será del segmento más pobre de la población. Tendrá que ser de los empresarios y de los miembros de las clases medias. Una parte importante, pero menor, procederá de los organismos internacionales.

Pero el gobierno no ha asumido hasta ahora una actitud de acercamiento a los patronos y empresarios, sino que, por el contrario, casi todos los días los amenaza y critica y ahora hasta se les quiere responsabilizar de unas decisiones financieras adoptadas por los calificados burócratas del área económica del gobierno.

El gobierno y sus élites intelectuales y burocráticas tienen que cambiar el chucho y adoptar otra actitud. Tienen que entender que todo el mundo tiene legítimo derecho a defender sus intereses, tienen que entender que nadie quiere pagar los platos que otros rompieron ni a menguar sus ingresos para cubrir las fallas de organismos públicos que nunca hicieron lo que tenían que hacer.

El gobierno y sus burócratas tienen que adoptar un tono de diálogo, de acercamiento, de negociación, sin querer ocultar el sol con un dedo y sin querer imponer sus puntos de vista por la fuerza.

No se pude pretender, por ejemplo, crear nuevas cargas impositivas sin una negociación seria y profesional con el sector empresarial. Porque en democracia la participación es un valor esencial y porque en democracia los capitalistas tienen derecho a defender sus intereses. Tampoco es posible adoptar medidas que vayan a afectar el transporte público sin escuchar y negociar con los choferes. Y así en cada caso.

Veamos otro ejemplo. Los expertos contratados por el FMI recomiendan medidas que pueden calificarse de severas para hacer sostenible el sector eléctrico. Pues bien, estas medidas deben ser discutidas con todos los llamados agentes del sector eléctrico. Porque los involucra y porque ellos tienen derecho legítimo a que sus pareceres se escuchen y consideren.

Y, por supuesto, los partidos con representación congresional también tienen que conocer y examinar las políticas diseñadas por el gobierno. Pero no a la carrera, no de manera formal, sino en actitud de aceptar observaciones y sugerencias.

Así debe ser siempre, por lo menos en democracia. Pero ahora que el país navega sobre una crisis de tantas dimensiones y profundidades, ese acercamiento, esas negociaciones, ese diálogo que proponen los panelistas auspiciados por el FMI es urgente y necesario.