Efectivamente, resulta de la máxima urgencia para el pueblo hondureño y para toda la región la solución inmediata a la problemática de la legalidad democrática en la que un conjunto de fuerzas irracionales han puesto a esa empobrecida nación.

No da para más. Algunos se preguntan sobre el sentido del regreso del Presidente depuesto para un periodo de apenas cuatro meses y con todos los otros poderes del Estado, y demás factores, en contra. Insisto, ya lo he dicho en otros artículos y programas de televisión, que el problema es que no se puede permitir el derrocamiento ilegal por controversias que surjan entre los poderes. No se pueden violar las leyes ni la Constitución ni aun alegando que haya quienes pretendan violarla. Usted no puede cometer un crimen bajo el supuesto de que otro este planeando un asesinato.

Ciertamente Zelaya tuvo la extraordinaria habilidad de poner al resto de los factores del Estado y de la estructura de poder en contra de él. Los golpistas, a su vez, teniendo todo a su favor para haber destituido conforme al derecho al presidente y hacerlo bien, se buscaron la forma de hacerlo todo bien mal.

La realidad es que un general con “pique” porque Zelaya quiso destituirlo, decidió arrestarlo y sacarlo del país – violando una Constitución que prohíbe la expulsión de un hondureño – y después le dejó la papa caliente al Congreso para que resolviera el problema. El presidente fue sacado del país a las 5 de la mañana y el Congreso eligió nuevo presidente a las 5 de la tarde. ¿Y mientras tanto?

Un aspecto crucial del Pacto de San José es la creación de una Comisión Internacional que investigue los hechos: antes de, durante y después del golpe. El pueblo hondureño tiene el derecho a conocer la realidad. Es vital para Honduras y para toda la región.

No nos engañemos, hay otros casos “ calientes“, y otros que se pueden calentar, a los cuales hay que enviarles un mensaje de enfriamiento urgente.

La decisión de la OEA de no reconocer al gobierno que salga de las elecciones de noviembre si no se ha vuelto a la legalidad puede prolongar el problema, que ahora parece ser de cuatro meses, mucho más allá y crear una seria incertidumbre nacional altamente peligrosa. Estudios realizados hace unos pocos años por el PNUD y Latinobarómetro registran que en este país, uno de los más pobres, se ha registrado una pérdida en la credibilidad de la democracia. No agravemos el problema.

El regreso de Zelaya debe llevar a la renuncia de quienes hoy detentan el poder, civiles y militares.

Con la reciente decisión norteamericana que lleva un mensaje personal a los involucrados parece haber llegado la hora cero para los golpistas.