Hoy 
En marcha y persistencia los tejemanejes que desde un Ministerio Público de obcecación antidemocrática están lanzados contra la expresión de la voluntad popular, moviéndose hacia un golpe de Estado en frío y previo a la toma de posesión del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, electo el 20 de agosto pasado.
Los intentos de declarar espurios los comicios de entonces son enfrentados por un contexto de Estados y organismos multilaterales, que niegan fundamento legal a la embestida de una fiscalía que ha recurrido a incidentes y distorsiones en propósito de desautorizar el mandato que debe comenzar el próximo 14 de enero.
República Dominicana se ha sumado al rechazo a la conspiración con una “firme y categórica condena a un preocupante intento de desestabilización del orden democrático establecido”. Crecen desde la hermandad de países vecinos los esfuerzos por cerrar el paso a este brote de extremismo conculcador de los derechos del pueblo guatemalteco.
Sería esta una maniobra segadora para hacer retroceder vertiginosamente a la hermana nación al despotismo del decenio 1970-1980 cuando alcanzó su máxima expresión.
La sociedad a la que se pretende someter a una privación de libertad está defendiendo el orden constitucional y el propio Arévalo ha denunciado la acción como “un golpe de Estado absurdo, ridículo y perverso”. Definitivamente inaceptable para la comunidad internacional adscrita al respeto a las instituciones.
