Al inaugurar un Seminario Internacional sobre Reformas Electorales, el doctor Roberto Rosario recordó que en 1978 la nación dio un salto al frente iniciando un proceso que conllevaría importantes avances democráticos y que luego se extendería por toda América Latina.

El salto fue muy alto en relación a la situación que prevalecía en la región, alboreando lo que después se conocería como la “década pérdida de América Latina”,  en términos del desarrollo socioeconómico, por las consecuencias de una profunda crisis derivada de la caída de los precios de las exportaciones, mientras se disparaba el costo del petróleo, alza desmesurada de las tasas de interés que llegaron al 20 por ciento anual,  hiperinflación y fuerte endeudamiento.

Pero en términos políticos marcamos el paso hacia el final de las dictaduras militares y la recuperación de la democracia. Recuerdo la tertulia de un grupo de periodistas en una noche mexicana de 1980 cuando varios colegas sudamericanos no  creían que en una “república bananera caribeña” se hiciera periodismo crítico. México estaba saturado de exiliados argentinos, chilenos, uruguayos, salvadoreños, nicaragüenses y guatemaltecos. Cientos de periodistas latinoamericanos habían sido asesinados y otros tantos seguían encarcelados y refugiados en los oasis libertarios.

Los dominicanos vencimos la autocracia balaguerista e iniciamos el camino a la democracia con una gran conjunción de esfuerzos y una inmensa solidaridad internacional motorizada por la preclara estrategia de José Francisco Peña Gómez de alianza con los liberales de Washington y la Internacional Socialista. Ayudados por la política de derechos humanos del presidente Jimmy Carter, Brasil, Nicaragua, Argentina, Uruguay, Bolivia y finalmente Chile recuperaron la democracia.

Aquí con muchos altibajos fuimos instituyendo un sistema electoral que garantiza el ejercicio del voto y su consiguiente escrutinio para una democracia representativa que niega la dimensión participativa, enferma de clientelismo, rentismo y transfuguismo. Nos hemos ido quedando atrás en calidad de la democracia, hasta el punto que compartimos con Honduras los mayores atrasos en reglamentación de la actividad electoral y del partidismo político.

Llevamos una docena de años consensuando una ley para garantizar una real democracia al interior de los partidos, para hacer transparente sus finanzas, para reducir el poder del dinero, en gran proporción mal habido, para impedir el abuso de los recursos del Estado y limitar la duración de las campañas electorales, para abaratar el costo de la política y disminuir la corrupción.

Los partidos dominantes que se han alternado en el poder no acaban de mostrar interés por la calidad de la democracia, ni de entender que esas reformas son fundamentales no sólo para garantizar los derechos ciudadanos, sino también para fortalecerlos como instrumentos fundamentales de la democracia.

La Junta Central Electoral ha sometido al Congreso un proyecto de Ley de Partidos Políticos y con especialistas enviados por la Junta Central Electoral trabaja en búsqueda de consenso para impostergables reformas a la Ley Electoral. Para promover ambas legislaciones auspició esta semana, con asistencia del Instituto Internacional para la Democracia Electoral (IDEA), un seminario con participación de relevantes expertos.  

Durante este evento ha quedado nuevamente de manifiesto la urgencia de un nuevo salto que redimensione la democracia para que los torneos electorales dejen de ser confrontaciones salvajes y creen condiciones para una mejor gobernabilidad que garantice la continuidad de políticas dentro de una estrategia nacional de desarrollo.  Hay que acariciar la esperanza de que el liderazgo político nacional acate el anhelo ciudadano de una profunda reforma electoral para perfeccionar esta democracia.