BOGOTA (AFP).- Después de la mayor desmovilización paramilitar en la historia de Colombia, el gobierno de Alvaro Uribe afronta ahora el reto de reinsertar a la vida civil, con escasos recursos y el escepticismo de distintos sectores, a más de 3.000 ex combatientes.

   «El gobierno no ha dicho qué mejor ofrecimiento puede hacerles a estos jóvenes, asesinos a sueldo acostumbrados a manejar dinero por sus vínculos con el narcotráfico. Más allá del perdón judicial, no veo en ellos interés en ingresar al de por sí muy reducido mercado laboral», opinó Luis Cano, politólogo de la Universidad de Los Andes.

   «El gobierno está entusiasmado con las cifras alegres de desmovilizados pero uno se cuestiona, hasta qué punto -con una comunidad internacional escéptica y renuente a financiar la desmovilización- estos ex combatientes no terminarán de guardespaldas de los narcos o en las filas guerrilleras», añadió.

   El viernes, el máximo líder paramilitar de Colombia, Salvatore Mancuso, y 1.425 hombres de su poderoso bloque que opera en la región fronteriza con Venezuela, dijeron adiós a las armas en la mayor desmovilización de un grupo irregular en la historia del conflicto armado.

   La desmovilización del temido Bloque Catatumbo de las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se llevó a cabo en una ceremonia celebrada en una finca de la aldea Campo Dos, en el municipio de Tibú (600 km al noreste de Bogotá).

   Ese desarme es el más trascendental hasta ahora, no sólo por el número de hombres, sino porque incluyó al jefe principal de las AUC, un rico ganadero de ascendencia italiana con más de una década de lucha antiinsurgente y cuya extradición a Estados Unidos por narcotráfico está en manos de Uribe.

   Aunque todos los sectores de la sociedad colombiana expresaron su complacencia por la desmovilización, también existen temores por la capacidad logística del gobierno para reincorporarlos a la vida civil.

   «Desmovilizados 1.400 paramilitares ¿quién garantiza que no continúen, de civil y legitimados, ejerciendo la misma autoridad (en las regiones), apoyados en el vasto imperio ilegal que edificaron con los narcos?», se preguntó el diario El Tiempo.

   «Preocupa que estos problemas no hagan parte del debate público en torno a la desmovilización. Si el Gobierno los ha planteado en la mesa, si Mancuso les ha dado respuesta, el país no lo sabe. Y debería saberlo», añadió el diario.

   En respuesta a las críticas, el director del programa de reinserción, Juan David Angel, afirmó este sábado: «Frente a las desmovilizaciones todo el mundo tiene sensibilidades pero creo que el proceso se va construyendo en el camino. Las dudas y falencias que puedan tener las vamos reforzando de una u otra forma por el camino».

   «Yo lo que ví tanto en el señor Mancuso como en todos los más de 1.000 paramilitares que se vienen desmovilizando es un acto de fe, de voluntad y de paz muy grande hacia Colombia», añadió.

   Según lo acordado entre el gobierno de Uribe y las AUC, antes de fin de año se deben desmovilizar unos 3.000 paramilitares, dentro de los acuerdos que buscan sacar de la guerra a 20.000 hombres antes de 2006.

   Los desmovilizados se reintegrarán a la vida civil con excepción de los sindicados de crímenes atroces, incluido Mancuso, que serán ubicados en Santa Fe de Ralito (norte), sede del diálogo de paz, a la espera de la aprobación de una ley sobre su situación.

   Según cifras oficiales, hasta el momento se han reinsertado unos 2.100 combatientes.

   Otra cuestión que este sábado generó incertidumbre en Colombia era la situación jurídica de los desarmados, particularmente los comandantes paramilitares, encabezados por el propio Mancuso.

   El ministro del Interior, Sabas Pretelt, presentó al Legislativo, en agosto de 2003, el proyecto original denominado Ley de Alternatividad, pero fue rechazado porque preveía la libertad condicional para los desmovilizados, sin importar que estuvieran acusados de delitos de lesa humanidad.

   El jueves, en vísperas de la desmovilización del denominado Bloque Catatumbo, el ministro Pretelt anunció que presentará al Congreso, en el primer trimestre de 2005, una nueva iniciativa, denominada Proyecto de Verdad, Justicia y Reparación.