Por Anastasia Moloney en Bogotá y Richard Lapper en São Paulo
Desde que Salvatore Mancuso declarara en 2004 que los grupos paramilitares de derecha que el dirigió tenían “amistad” con más de un tercio de los miembros del Congreso de Colombia, los locales se han estado preguntando cuán alto va a llegar el escándalo.

El presidente Álvaro Uribe, hasta el momento, no ha sido tocado por la corriente de acusaciones e investigaciones que parten del juicio a Mancuso, pero revelaciones recientes han transformado el escándalo del “paragate” de un caso que afecta principalmente a funcionarios locales y parlamentarios menores a un que se aproxima a las puertas del palacio presidencial

María Consuelo Araújo, la ministra de Relaciones Exteriores de Uribe, fue obligada el mes pasado a renunciar después que su hermano, el senador Álvaro Araújo fuera arrestado supuestamente, por conspìrar con los paramilitares.

Jorge Noguera, el ex jefe de la agencia estatal de inteligencia de Colombia y un confidente del presidente también fue arrestado el mes pasado antes de ser puesto en libertar la semana pasada por órdenes de la Suprema Corte. La decisión de la corte fue fuertemente criticada por Mario Iguarán, el fiscal general, quien continúa su investigación sobre Noguera

El general Mario Montoya, jefe del ejército de Colombia, fue vinculado el sábado pasado al escándalo “paragate”, después que un informe filtrado de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos alegara que estuvo involucrado con grupos paramilitares.

La situación es amenaza con expandirse fuera de Colombia e influir en la disposición del Congreso de EEUU, que deberá considerar un tratado acordado recientemente con Bogotá y la aprobación de un paquete de ayuda militar y económica de US$740 millones (_554m, £376m).

El presidente George W. Bush, quien visitó Bogotá recientemente, durante su gira por la región, ha respaldado con energía a su aliado colombiano. Sin embargo, admitió que tener el acuerdo comercial aprobado por un congreso liderado por demócratas sería una “batalla”, y que el tratado ya ha enfrentado una fuerte oposición de varios demócratas.

Los alegatos de esta semana que implican al general Montoya pueden aportar más al ambiente de vacilación del Congreso estadounidense. “Estas últimas acusaciones confirman las peores sospechas [del congreso] y afectarán el componente militar de la ayuda que está por aprobarse”, dice Adam Isacson, del Centro de Política Internacional en Washington.

Los analistas dicen que el impacto del caso ha afectado los planes legislativos del presidente Uribe.

El escándalo también ah despertado dudas sobre la posible falta de transparencia en las elecciones locales programadas para octubre, en particular, a la luz del rearme de grupos paramilitares desmovilizados.  “Todavía hay partes del país donde la gente es forzada a votar por candidatos respaldados por los grupos armados ilegales, y no son libres de elegir al que ellos desean”, dijo Carlos Gaviria, un ex-candidato presidencial y líder del Partido Polo Democrático Alternativo, que ganó un sorpresivo 22% de los votos en las elecciones del año pasado.

Para Uribe, los asuntos han seguido como siempre. El presidente continúa su estilo de gobierno popular y se le puede ver en las reuniones de los consejos comunitarios los fines de semana, que se transmiten en vivo por los canales estatales de televisión. La más reciente encuesta de opinión de Gallup muestra que tiene el respaldo de 72% de los colombianos.

 “La gente aquí vota por un presidente, no por un partido. No hay ni una pizca de pruebas que demuestre que Uribe conspiró con los paramilitares”, dice Alfredo Rancel, director de la Fundación Seguridad y Democracia, un centro de análisis con base en Bogotá.

Tampoco el daño al gobierno colombiano va ser de larga duración, dice Rangel. “Más de la mitad de los congresistas son pro-Uribe. Esto, y la alta tasa de aprobación de Uribe significa que su gobernabilidad no será afectada, a pesar de la crisis”.

De todas formas, para Uribe es probable que esto resulte un año de prueba. Los juicios a más de 50 caudillos, en prisión desde que se negoció el pacto de paz con los jefes paramilitares hace tres años, serán dentro de los próximos 17 meses. Existen temores, en la medida que avanzan los juicios, de que van a salir más repleciones dañinas a la superficie.

VERSION IVAN PEREZ CARRION