BOGOTA (AFP).- El Gobierno de Colombia aceptó que los rebeldes de las FARC que sean liberados en un intercambio por secuestrados permanezcan en el país bajo la garantía de que no vuelvan a las filas guerrilleras, lo que representa un avance aunque la negociación del pacto aún enfrenta serias dificultades.

La Iglesia católica, que facilita la negociación del acuerdo humanitario, reveló que había puntos de coincidencia entre las partes, el principal de ellos que los rebeldes que sean excarcelados ya no serían enviados a otro país, como exigía el Gobierno.

«En eso están de acuerdo, pero en cómo se quedan en el país, ahí sí hay divergencias. Hay cosas en las que el Gobierno cede y otras en las que no», dijo el lunes monseñor Luis Augusto Castro, miembro de la comisión eclesiástica autorizada por el presidente Alvaro Uribe para buscar el acercamiento con las FARC.

El Gobierno reaccionó de inmediato a las declaraciones del prelado dejando claro que no permitirá «la liberación de terroristas de la guerrilla, sino de acuerdo con las normas legales y las garantías efectivas de que no vuelvan a delinquir».

«El presidente ya no exige que se vayan del país, en eso era muy duro; pero reflexionó y vio que hay otros caminos para enfrentar las dificultades del acuerdo. Ahora sólo pide que quienes salgan de las cárceles no delincan más. Poco a poco se va coincidiendo», dijo este martes Castro, vicepresidente de la Conferencia Episcopal.

La concesión del Gobierno fue interpretada por la Iglesia católica y por sectores políticos como una posibilidad de desempantanar la negociación. Sin embargo, aún son distantes las posturas de ambas partes, mientras crece el clamor de las familias de los cautivos y de la comunidad internacional para que se firme el pacto.

Los principales puntos de divergencia son varios. Uribe pide a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) la entrega de unos 800 secuestrados y ha dicho que no está dispuesto a desmilitarizar zonas para la liberación, así como también exige que la ONU lidere el proceso.

Las FARC, por su parte, exigen canjear sólo a una veintena de políticos, a unos 40 militares y a tres estadounidenses en su poder, por unos 300 de sus miembros presos, a los que se sumó el dirigente guerrillero ‘Simón Trinidad’, capturado el 2 de enero en Quito y quien guarda prisión en Colombia.

Este martes, el presidente del Congreso, Germán Vargas, insistió en que los guerrilleros liberados deben ser enviados al exterior, porque es difícil garantizar que no se reintegren a la guerrilla.

«Se debe reconocer que se ha avanzado, pero no hay claridad. Hay desconfianza, temor de que, al día siguiente de ser liberados, los insurgentes estén armados y uniformados, y nuevamente enfrentados al Estado y a la sociedad», estimó el senador Luis Gómez.

Por su parte, el senador José Renán Trujillo consideró que «la coincidencia resultaría minúscula al lado del propósito de lograr la liberación de los secuestrados, pero si tomamos en cuenta las posiciones que han mantenido de uno u otro lado en torno al pacto humanitario podríamos valorarlo como un avance.

«Aquí lo que queremos es que haya voluntad de hacer el intercambio. El Gobierno parece no estar afanado y las FARC en cambio ya nombraron a sus negociadores -uno de los cuales era ‘Trinidad’-, lo que es un paso mucho más adelante que los que hasta ahora ha dado la otra parte», comentó el ex presidente Alfonso López (1974-78).

López, uno de los más decididos impulsores del acuerdo, fustigó al Gobierno de Uribe por optar por la vía militar para resolver la situación de los cautivos.

En un comunicado divulgado el domingo, las FARC acusaron a Uribe de falta de voluntad para buscar el pacto y le exigen nombrar a sus negociadores, al considerar que el comité eclesiástico, designado hace un año y que se ha reunido tres veces con el número dos del grupo, Raúl Reyes, carece de poder decisión.