Bogotá, 17 ene (EFE).- El Gobierno del presidente colombiano, Alvaro Uribe, aclaró al de Venezuela que su Administración «paga recompensas» y «no soborna», al tiempo que agregó que albergar terroristas viola su soberanía y se declaró país ofendido.

El jefe de Estado de Colombia conminó a Venezuela a entregar pruebas del supuesto soborno pagado por la captura de Rodrigo Granda, el llamado «canciller» de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), organización considerada por Estados Unidos y Europa como grupo terrorista.

Según un documento leído el domingo en la «Casa de Nariño», en Bogotá, donde Uribe estuvo reunido más de cinco horas con su vicepresidente Francisco Santos; la canciller Carolina Barco y varios ministros, Colombia aportará pruebas de la protección de la que gozaba Granda por parte de funcionarios venezolanos.

Agrega, además, que el Gobierno de Uribe entregará, una vez más, al Gobierno venezolano pruebas sobre la presencia de terroristas colombianos en ese país y que «se incluirá el nombre de siete cabecillas del terrorismo y la localización de varios campamentos».

Colombia se queja de que pese a acudir a la diplomacia oficial ésta no funciona y agrega que «lo que se reclama es que esos canales operen y sean eficaces».

Caracas y Bogotá no se ponen de acuerdo en los términos para referirse a la captura de Granda, pues mientras en Miraflores hablan de «secuestro», en la Casa de Nariño dicen que el guerrillero de las FARC fue «capturado», previo pago de una recompensa, en la ciudad colombiana de Cúcuta.

La Presidencia colombiana dice que no acepta que representantes de grupos terroristas sean admitidos en un evento político patrocinado por instituciones oficiales venezolanas, porque «una cosa es la oposición política y otra muy diferente es el terrorismo».