BOGOTA (AFP).- El presidente de Colombia, Alvaro Uribe, enfrenta una encrucijada por partida doble: de un lado tiran los paramilitares en un proceso de paz que pende de un hilo y, por otro, crecen las presiones para que firme un acuerdo con la guerrilla de las FARC que permita la liberación de los secuestrados.

Su gobierno, que había mantenido un cauteloso optimismo en torno a la negociación con los paramilitares, reconoció el jueves públicamente que el plan de paz atravesaba su peor crisis desde que inició hace 14 meses con el propósito de desmovilizar a entre 16.000 y 20.000 miembros de esos escuadrones de extrema derecha.

La negativa de esos grupos a cumplir la exigencia del gobierno de una concentración de tropas para verificar el cese al fuego, así como los pedidos de extradición de Estados Unidos contra los máximos jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, tienen al plan de paz al borde del fracaso.

En un comunicado divulgado el sábado, las AUC, principal grupo paramilitar del país, aseguraron que están dispuestas a proseguir con el diálogo, pero bajo la condición de que el gobierno les garantice que sus líderes no serán extraditados y que permita una concentración gradual de tropas.

Las AUC sostienen que la concentración de sus combatientes en una zona bajo control del Estado sólo puede realizarse si hay garantías de seguridad para ellos y de que los territorios que vayan abandonando no serán tomados por la guerrilla.

Las AUC hicieron pública su posición luego de que el viernes sus comandantes se reunieran en un lugar del norte del país con el alto comisionado de paz del gobierno, Luis Carlos Restrepo, en un intento por superar los obstáculos de un proceso que la comunidad internacional ve con serias reservas.

No obstante, las diferencias persistieron y llegaron al punto de que los líderes paramilitares pidieron un encuentro con Uribe, quien no obstante dijo este domingo que el proceso seguirá siendo conducido por Restrepo, aunque no descartó de plano la posibilidad de una reunión.

«Ese proceso hay que hacerlo con transparencia, sin espectacularidades, tiene que volver a un nivel de discreción», afirmó el mandatario, quien dijo confiar en que «con esa nota de discreción» se «vayan resolviendo los problemas».

Al referirse a la exigencia de la garantía de que los jefes de las AUC no serán extraditados, Uribe afirmó que Colombia respetará la ley: «Los gobiernos aquí no se pueden mover a su amaño (antojo), cada paso que uno da como gobernante tiene que respetar el marco jurídico».

Sumada a esa tensión, el presidente vio crecer también la presión que ejercen dirigentes políticos y familiares de secuestrados para que se privilegie un acuerdo humanitario de intercambio de rebeldes presos por civiles y uniformados en poder de las comunistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Los ex presidentes Alfonso López, Ernesto Samper y Julio César Turbay criticaron el jueves a Restrepo, señalando que estaba equivocado en su posición de que un acuerdo de esa naturaleza no era aceptado por el derecho internacional humanitario.

Samper incluso afirmó que Restrepo más que un comisionado de paz parecía un «comisionado de guerra», al señalar que el gobierno ha dado prioridad al proceso con los paramilitares sin que haya ningún avance en un tema tan sensible para el país como el de los secuestrados.

El gobierno dice estar dispuesto a firmar el acuerdo pero exige la liberación de todos los secuestrados -unos 1.600- y una garantía real de que los guerrilleros que salgan de prisión no volverán a las filas rebeldes; pero las FARC sólo ofrecen entregar a una veintena de políticos, 39 uniformados y tres estadounidenses en su poder.

La presión de los ex presidentes se multiplica con las voces de las familias de los secuestrados, incluyendo la de la ex candidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt -también de nacionalidad francesa-, y de países de la Unión Europea como Francia, en favor del acuerdo humanitario.

No obstante, Restrepo ha señalado que no se puede obligar al gobierno a ceder ante un «chantaje colectivo», como calificó la forma en que las FARC buscan el pacto humanitario.