BOGOTA (AFP).- El gobierno colombiano está a la espera de una respuesta de las FARC a su oferta de canje de secuestrados por rebeldes presos, una propuesta que varios sectores vinculan con los afanes de reelección del presidente Alvaro Uribe y que generó críticas por sus posibles efectos en la política de seguridad.

Aunque la iniciativa, anunciada el pasado miércoles, fue acogida en el país como la posibilidad más concreta para la negociación de un acuerdo de intercambio humanitario, dirigentes políticos comenzaron a cuestionarla como una maniobra política de Uribe.

En su propuesta enviada a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el pasado 23 de julio, Uribe dijo estar dispuesto a entregarles a 50 guerrilleros presos a cambio de 22 políticos, 34 militares y policías, y tres estadounidenses en poder de ese grupo.

La sorprevisa oferta implica un viraje de Uribe frente al canje, pues hasta ahora pedía la liberación de todos los secuestrados -unos 1.600-, señalando que no había secuestrados de primera ni de segunda. Ya antes había cedido en su exigencia de una mediación de la ONU, de un cese de hostilidades y del inicio de un diálogo.

«¿Por qué han dilatado el posible canje durante dos años para llegar a lo mismo? No quisiera pensar que este cambio lo motivaron las encuestas», dijo el jueves el senador Germán Vargas, en momentos en que la Comisión Primera del Senado discutía y aprobaba en el quinto de ocho debates un proyecto que levanta la prohibición de la reelección.

El senador izquierdista y ex guerrillero Antonio Navarro -opositor de Uribe- coincidió con Vargas -aliado del mandatario- al señalar que la iniciativa oficial «está ligada al hecho de que se está aprobando la reelección y el presidente ya no está pensando como presidente sino como candidato».

Las suspicacias llegaron también al rebelde Ejército de Liberación Nacional, al que el gobierno envió también una propuesta para iniciar un diálogo -revelada el jueves-.

«Si el ELN entiende u observa que las conversaciones entre el gobierno y el ELN pueden ser utilizadas como parapeto reelectoral, el ELN se retira», advirtió este viernes el vocero rebelde Felipe Torres.

Vargas fue más allá del asunto electoral, advirtiendo de las consecuencias de la oferta del gobierno en la estrategia de seguridad y en la moral de las tropas. «Si vamos a reversar toda la política de seguridad, todo este tema de la reelección para mí pierde sentido», añadió.

El tema es tan sensible para la política de seguridad que Uribe se reunió la noche del jueves con el alto mando de las Fuerzas Militares para explicarles los alcances de la propuesta, y ya el comisionado de paz del gobierno, Luis Carlos Restrepo, había adelantado que los militares eran «respetuosos» de esa iniciativa.

«La propuesta nos fortalece, hace que nuestra lucha tenga todavía mucha más legitimidad», aseguró el comandante de las Fuerzas Militares, general Carlos Ospina, quien dijo que Uribe les explicó que un eventual canje no implicaría «despejes (zonas desmilitarizadas), cese, disminución o cambio en el ritmo de las operaciones militares».

En este sentido, Ospina advirtió que no cesarán las operaciones de rescate de secuestrados y continuará el Plan Patriota, la mayor ofensiva militar lanzada por el gobierno contra las FARC en sur del país -su retaguardia-, con el apoyo de Estados Unidos y una fuerza de unos 15.000 hombres.

No hace mucho el presidente afirmó: «No les podemos permitir que esa retaguardia que les queremos debilitar se les fortalezca con la liberación de unos prisioneros, que tanto trabajo ha costado a la Fuerza Pública el capturarlos».

Pero el gobierno asegura que no hay cambios en esa posición y aclara que su propuesta enviada a las FARC estipula que los rebeldes que formen parte del acuerdo humanitario deben reinsertarse en la vida civil, en el país o en el exterior.

«No estamos motivados por encuestas ni por pronunciamientos públicos de distintas personas. El gobierno estableció como condición para el acuerdo humanitario que las personas que salgan de las cárceles no volviesen a delinquir», afirmó el ministro de Interior y Justicia, Sabas Pretelt, al salir al paso a las críticas.

En medio de esta polémica, los familiares de los rehenes esperan que, independientemente de las razones que motivaron la oferta del gobierno, se concrete el acuerdo humanitario que permita la liberación de los rehenes.