BOGOTA (AFP). – El presidente colombiano Alvaro Uribe, quien aspira a ser reelegido en 2006, lanzó en los últimos tres días una ofensiva unilateral de propuestas de diálogo a las dos principales guerrillas izquierdistas de su país.

El jueves, el jefe de Estado propuso a la guerrilla marxista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), crear una zona temporalmente sin operaciones militares en el suroeste del país para negociar un intercambio humanitario de rebeldes presos por secuestrados.

Con el anuncio, que incluye el compromiso de garantizar la seguridad de los negociadores durante unos diez días y el conceder salvoconductos a los representantes que designen las FARC, el presidente hace importantes concesiones a la guerrilla, a la cual se comprometió a derrotar cuando asumió el gobierno en 2002.

Un día antes, Uribe decidió liberar en forma unilateral a Francisco Galán, un jefe del ELN (Ejército de Liberación Nacional), la segunda guerrilla colombiana, para intentar comprometer en discusiones de paz a ese grupo.

Pero no fue la única sorpresa que dió esta semana Uribe, cuya popularidad cercana al 70% en las encuestas es atribuida en buena parte a los buenos ojos con que sus compatriotas ven sus esfuerzos por devolver la seguridad a un país azotado por 40 años de violencia.

El martes Uribe declaró que estaba dispuesto a reconocer que existe en Colombia un «conflicto armado» si los rebeldes aceptan conceder un cese al fuego.

En sus últimos comunicados el ELN estimó que la insistencia del mandatario en negar la existencia del «conflicto armado» con raíces políticas y económicas, y de calificar como terroristas a las guerrillas, constituía el principal obstáculo para negociar.

Con estos giros el jefe de Estado, que aspira a su reelección en los comicios presidenciales de mayo de 2006, parece remarcar a la comunidad internacional y a sus detractores -que le acusan de favorecer a los grupos paramilitares de derecha- que está dispuesto a jugársela por la paz.

Su último gesto para negociar el canje con las FARC incluso entusiasmó a sus más fieros opositores, como el diputado de izquierda Gustavo Petro que por primera vez dijo este viernes que «hay que aplaudir el gesto (del gobierno) y presionar a las FARC para que lo tome (acepte), pensando en las víctimas».

Jaime Lozada, un ex gobernador del departamento de Huila (sur) y cuya esposa, la congresista Gloria Polanco permanece retenida por las FARC desde 2001, señaló que las iniciativas «acercan a las partes» y podrían permitir poner fin «al calvario de los secuestrados y de sus familias».

Por su parte el secretario de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, monseñor Augusto Castro, quien ha oficiado como mediador ante los rebeldes y que apenas una semana antes había declarado que las negociaciones estaban estancadas, ahora es menos pesimista.

«Suplico a las FARC aceptar esta propuesta que es un enorme progreso, señaló el obispo de la ciudad de Tunja (centro).

Pero pese a la audacia de los ofrecimientos de Uribe, subsisten profundas diferencias con la guerrilla. Las FARC, por ejemplo, han planteado como requisito indispensable para cualquier negociación el retorno a Colombia de dos de sus dirigentes extraditados a Estados Unidos.

Durante meses, tanto las FARC como el gobierno han afirmado estar dispuestos a un interambio humanitario, pero siempre han chocado respecto de la forma como hacerlo.

Las FARC, que se estima tienen unos 17.000 combatientes, reclaman la liberación de 500 de sus hombres presos a cambio de 59 políticos, militares y policías que tienen en su poder, incluyendo a la ex candidata presidencial del partido verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, de nacionalidad colombo francesa.