BOGOTA (AP).- El presidente Alvaro Uribe decidió el lunes examinar personalmente la situación creada por la muerte de cinco campesinos a manos de tropas del ejército, que los confundieron con guerrilleros.

Uribe se reunió con los jefes militares para recibir información directa sobre el trágico error y después viajó al municipio de Cajamarca, a 150 kilómetros al suroeste de Bogotá, para encabezar un consejo de seguridad especial en el lugar en donde se registraron los hechos.

Tras visitar el sitio de la tragedia, el mandatario afirmó que se trató de «un hecho accidental y tan doloroso» y anunció que dirigirá un mensaje al país sobre lo ocurrido.

También prometió ante los familiares de las víctimas, que «el Ministerio de la Defensa va a apersonarse de los legítimos intereses de todas estas personas llenas de dolor».

El episodio se registró el sábado en la noche cuando una patrulla militar que estaba en búsqueda de un grupo de combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) disparó contra los civiles, entre ellos un bebé de seis meses.

El comandante de las fuerzas militares, general Carlos Alberto Ospina, afirmó el domingo que «en medio de la oscuridad de la noche y en condiciones difíciles de visibilidad (los soldados) se encontraron con este grupo de personas y se produjo este lamentable incidente».

Al parecer, los civiles corrieron cuando los militares les ordenaron detenerse, situación que habría incidido en el error que le costó la vida a tres adultos y dos menores de edad.

Alejandro Mendoza, hermano de una de las víctimas, aseguró que cuando se produjo el ataque de los militares «estaba clarito» por la luz de la luna, según dijo en entrevista telefónica con la Radio W FM.

Explicó que el bebé de seis meses, hijo de su hermano, había enfermado y por eso salieron a la carretera para llevarlo a un hospital de Cajamarca cuando fueron atacados por los militares en una zona en donde desde hace muchos años tiene presencia la guerrilla.

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirmó en un comunicado que recibió «con alarma y consternación» la noticia de la muerte de cuatro menores de edad y un adulto, a diferencia de lo que afirmaron los militares.

Las Naciones Unidas reiteraron la necesidad de que los servidores públicos actúen de acuerdo con «normas internacionales sobre distinción permanente entre los que combaten y los civiles, inmunidad de las personas sin participación directa en las hostilidades, y uso razonable y proporcional de la fuerza».

El Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, sostuvo que los jefes militares «deben adoptar medidas ejemplarizantes» para evitar que se produzcan nuevos errores que afecten a la población y establecer los límites reales de la fuerza pública en la persecución de guerrilleros.

Este incidente se registra en momentos en que las autoridades no han podido explicar cómo se produjo la muerte de siete policías y cuatro civiles a manos de un grupo de soldados el pasado 19 de marzo en la localidad de Guaitarilla, en el suroeste del país.

Otros dos incidentes se han registrado este año de enfrentamientos entre policías y militares, que creyeron estar combatiendo guerrilleros y en los cuales murieron cinco uniformados.

Estos confusos hechos donde se ha visto envuelto el ejército vienen en un mal momento para el gobierno que intenta aprobar en el Congreso un estatuto antiterrorista, que busca otorgar facultades de policía judicial a las fuerzas armadas en zonas de conflicto.