BOGOTA (AFP).- El acuerdo firmado entre el gobierno y los paramilitares para concentrar a sus máximos líderes en una zona de 368 km2 al norte de Colombia desempantanó un diálogo que estaba en dificultades pero no asegura el éxito de una negociación que busca sacar de la guerra a unos 20.000 hombres.

En momentos que el proceso de paz entre los miembros de esa organización de extrema derecha -agrupados en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)- y el gobierno estaba en su momento más crítico, hecho reconocido por las dos partes, se anunció el jueves la firma de este acuerdo.

Según el mismo, 10 jefes paramilitares y 400 de sus hombres quedarán concentrados a partir de una fecha aún no determinada en una zona del municipio de Tierralta, unos 800 kilómetros al norte de Bogotá, bajo la verificación de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La firma del documento fue bien recibida por dirigentes políticos colombianos, aunque los analistas advierten sobre la necesidad de entender que apenas se trata de un primer paso de un camino con problemas ya detectados y diagnosticados desde comienzos del 2003 cuando se establecieron los primeros contactos para un proceso de paz.

Los analistas coinciden en que el acuerdo del jueves no resuelve los interrogantes sobre varios puntos: qué pasará con el cese al fuego exigido por el gobierno, por ejemplo, o con la ley que se tramita en el Congreso para fijar las penas de los desmovilizados, cuando ya los paramilitares anunciaron que no pasarán «ni un minuto» en la cárcel.

La extradición a Estados Unidos -que pesa sobre algunos jefes paramilitares y podría cobijar a otros en el futuro- también genera zozobra. El gobierno colombiano ha dicho que el tema no es negociable, mientras que Washington insiste en que mantendrá las órdenes. Este mismo viernes la posición norteamericana fue reafirmada por el embajador de Washington en Bogotá, William Wood.

Sin embargo el comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, quien firmó el acuerdo a nombre del gobierno, alivió un poco la presión sobre este punto, señalando este viernes que si los paramilitares «muestran buena fe, buen comportamiento, se podría crear un ambiente favorable para que la comunidad internacional comprenda que podría haber un trato benévolo con ellos».

Para el analista independiente Alfredo Rangel, el establecer una concentración para jefes paramilitares no necesariamente significa que el resto de las tropas va a seguir el mismo camino.

«Eso va a depender de que el Gobierno ofrezca garantías de seguridad y de control de las áreas de influencia de cada grupo, y de que los paramilitares acepten la necesidad de concentrar sus tropas para un cese de fuego verificable», señala Rangel.

Ya en el pasado los paramilitares han expresado reticencias a desconcentrar sus tropas por razones de seguridad o porque dejan sus áreas de influencia en poder de las guerrillas de las FARC y el ELN.

Rangel advierte igualmente que si las tropas no se concentran no va a haber cese de hostilidades, que es la exigencia mayor del presidente Alvaro Uribe. «En este sentido, el cese de hostilidades no se va a cumplir por anticipado».

Otro punto que ha generado ruido en este proceso es el tema del líder histórico de las AUC, Carlos Castaño, desaparecido desde el 16 de abril pasado en un incidente armado que aparentemente involucró a alguna facción militar.

El comisionado Restrepo, quien en el pasado exigió a los paramilitares aclarar este incidente, reconoció el jueves que «este hecho pende como una sombra sobre el proceso. El Gobierno ha pedido que fijen una posición».

Las preocupaciones en torno al futuro del proceso no pueden hacer olvidar, sin embargo, que el gobierno y los paramilitares han conseguido reencauzar un proceso de paz que estaba en un estado casi agónico.