BOGOTA (AFP).- El presidente colombiano Alvaro Uribe, cuyo gobierno se ha empeñado en la derrota militar de las guerrillas izquierdistas, hizo un sorpresivo giro al declararse dispuesto a admitir que en su país existe un «conflicto armado» si los rebeldes acceden a un cese al fuego.

«Si el ELN acepta entrar en ese cese de hostilidades, que es el principio de búsqueda de la paz, le reconozco lo que quiera» dijo el martes Uribe, quien agregó que en ese caso, esta dispuesto a deponer sus «convicciones personales y en nombre de la institución presidencial acepto que hay conflicto».

En sus últimos comunicados el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla colombiana, ha señalado que la negativa del gobierno a admitir que existe un «conflicto armado» y el empeño de Uribe por calificarlos como terroristas, constituyen el mayor obstáculo para iniciar una negociación.

El ministro del Interior y Justicia, Sabas Pretelt, aseguró que el viraje de Uribe es «un gesto noble del Presidente quien renuncia a sus convicciones en pro de las negociaciones que conduzcan a la paz del país».

Pretelt dijo que si los rebeldes quieren que no se les considere «terroristas» deben acceder al cese del fuego y demostrar así que son capaces de cumplir las normas del derecho internacional humanitario, que permiten calificar una situación de violencia interna como conflicto armado, incluyendo el cese de ataques contra civiles y de los secuestros.

La Iglesia Católica calificó el giro como un paso adelante en la búsqueda de la paz, aunque analistas y opositores lo consideraron un intento del mandatario por minimizar los cuestionamientos que recibe en el exterior.

El anuncio «evidencia su urgente necesidad de mostrarle al mundo que también puede llevar a cabo negociaciones con las guerrillas y no sólo, el polémico proceso de paz que lleva a cabo con los paramilitares» señaló el politólogo Vicente Torrijos, de la universidad del Rosario.

Organizaciones de derechos humanos consideran que Uribe ha hecho excesivas concesiones en las negociaciones con los grupos armados de derecha, mientras actúa con intransigencia respecto de los rebeldes de izquierda.

«Lo importante es el reconocimiento de una situación difícil, de crisis que se vive en el país, y si eso es una condición para seguir adelante en los diálogos y en la búsqueda de alternativas, pues bienvenido su pronunciamiento», dijo el sacerdote católico Darío Echeverri, secretario de la Conferencia Episcopal.

Entre tanto, el analista y ex guerrillero León Valencia dijo que Uribe «dio un paso al reconocer el conflicto pues ello implica que le admite estatus político al ELN y que hay un interés en buscar un acercamiento con éste». Para Valencia, «ahora la presión está de parte» de la guerrilla.

Por el contrario Carlos Gaviria, congresista y aspirante presidencial por un movimiento de izquierda, calificó de «insólito y humorístico» el cambio dado por Uribe.

«El Presidente cree que el reconocimiento de un conflicto armado que todo el mundo percibe, que todo el mundo ve, es el premio que da a sus enemigos si se comportan bien» indicó.

Otro congresista, Rodrigo Rivera, que aspira a la candidatura presidencial del opositor partido Liberal, señaló que la actitud de Uribe no es consecuente.

«Un médico no puede negociar el diagnóstico con su paciente (…) si Colombia tiene un conflicto o una amenaza terrorista, es función del Gobierno establecerlo y a partir de ello, diseñar su estrategia», indicó Rivera.

Uribe, quien mantiene una alta popularidad en las encuestas, según las cuales más del 70% de los colombianos está dispuesto a reelegirlo en mayo de 2006, se había negado hasta ahora a calificar como conflicto armado la violencia de Colombia para evitar legitimar a los grupos armados ilegales.

En junio distribuyó una circular entre sus funcionarios en la que se decía que «aceptar la existencia de un conflicto armado interno», es un hecho «utilizado por los grupos armados ilegales para polarizar y capitalizar su estrategia de poder».

En mayo de 2005, Uribe ordenó borrar de los documentos oficiales el uso de la frase «conflicto armado interno», lo que obligó incluso a retirar de una página oficial en Internet el texto del plan de gobierno, que había hecho aprobar por el Congreso.