BOGOTA, (AFP) – El presidente colombiano, Alvaro Uribe, reprendió el lunes a su cúpula militar por informar tarde de las torturas infringidas a 18 soldados en una base de entrenamiento, pero su gobierno descartó que esta situación afecte la ayuda que recibe de Estados Unidos.

En noviembre, Estados Unidos aprobó recursos por 726,8 millones de dólares en 2006 para el Plan Colombia contra las drogas y los grupos armados ilegales, pero el desembolso de esa ayuda está sujeto a que el gobierno de George W. Bush certifique previamente el respeto a los derechos humanos en el país andino.

“Deploro que en nuestro Ejército, en un momento crucial de la historia de la seguridad de Colombia, ocurra un caso de esta naturaleza. Da dolor, es muy grave e inconcebible”, dijo Uribe en una rueda de prensa en Cartagena (norte).

También “deploro que se haya informado tarde a la opinión pública. Si bien los altos mandos me dicen que se empezaron a tomar medidas desde el momento en que conocieron el hecho, en un estado de opinión estas cosas hay que comunicárselas inmediatamente a la ciudadanía”, agregó.

Según reveló la revista Semana, los 18 soldados fueron vendados, sentados en sillas calientes y quemados en el pecho con un hierro para marcar ganado porque no superaron una práctica de entrenamiento en la que participaron 66 reclutas el pasado 25 de enero.

Un grupo de familiares de los soldados acudió el lunes a la sede del batallón para exigir castigo para los militares señalados de las torturas, entre ellos un subteniente, dos suboficiales y un soldado.

La denuncia provocó el retiro del coronel Rubén Hernández, comandante del batallón Patriotas de la ciudad de Honda (200 km al sur de Bogotá), responsable del Centro de Instrucción y Entrenamiento del Ejército, donde ocurrieron los maltratos, en el municipio de Piedras.

Uribe admitió que las denuncias llegaron al destacamento militar el 27 de enero, pero que él recién se enteró el sábado en Estados Unidos, donde impulsaba las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con ese país. “Lo que pasó en el Ejército empecé a saberlo antes de ayer en Estados Unidos, y entiendo que allá (en el destacamento) se conoció desde el 27 de enero”, comentó.

El mandatario sostuvo que desde que empezó su gobierno, en agosto de 2002, le pidió a la fuerza pública que cuente con “incurable buena fe sus errores y vicisitudes. Cuando yo he conocido oportunamente esos errores, he sido el primero en transmitirlos a la ciudadanía”.

El ministro de Defensa, Camilo Ospina, calificó el hecho de “vergüenza” y confió en que no tenga consecuencias internacionales, en alusión a una posible reacción de Estados Unidos, que aporta importantes recursos de ayuda militar.

“Nosotros esperamos que se entienda como lo que es: un hecho irregular cometido por personas individuales dentro de unas circunstancias específicas, pero podría llegar a tener otro tipo de consecuencias”, señaló.

El vicepresidente de la República, Francisco Santos, instó a los jueces de instrucción penal militar a que investiguen el caso en profundidad y que “muy pronto” dicten sentencias “no sólo al comandante inmediato sino al más alto nivel, a todos aquellos que fueron permisivos con las torturas”.