BOGOTA (AFP)- El gobierno colombiano y los paramilitares libran su más duro pulso en un cuestionado proceso de paz, que esta vez está en vilo por la amenaza de esos grupos de ultraderecha de volver a las armas si son sometidos a la justicia por sus crímenes de lesa humanidad.

La nueva crisis, la más profunda en dos años de diálogo, se desató por la exigencia de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) de ser tomadas en cuenta en la discusión del marco jurídico de la desmovilización de irregulares y, particularmente, de las penas para los autores de delitos atroces.

Como respuesta a lo que consideró una «presión», el gobierno respondió con otro ultimátum: si rompen el proceso de paz tienen cinco días para abandonar una zona de 368 km2 del norte del país, donde están concentrados los máximos comandantes de las AUC y los desmovilizados acusados de crímenes de lesa humanidad.

«La amenaza enturbia el panorama, de allí que la posición del gobierno sea contundente y clara. Lo deseable es que el debate se dé en el seno de las instituciones. Quien tiene una arma en la mano y aún está en la ilegalidad no puede participar en un debate público», dijo este jueves el comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo.

Y para reafirmar su posición señaló que, por el momento, no tiene planeado viajar a Santa Fe de Ralito, epicentro del enclave, a discutir el tema con los jefes de las AUC. «Este no es un tema de negociación ni por filosofía política ni conveniencia», afirmó.

Al reiterar la advertencia del gobierno, Restrepo señaló que «hay un procedimiento para la ruptura», aunque dijo «apostar a la continuidad del proceso».

Igual apuesta hizo el enviado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para Colombia, el argentino Sergio Caramagna, quien verifica la desmovilización de las AUC, al rechazar que el proceso se encuentre en «crisis terminal». Para él es un problema más que «hay que trabajar y superar».

«No creo que el proceso esté en peligro», dijo este jueves Caramagna, quien añadió que la declaración de las AUC «es un llamado de atención frente a un tema que se ha discutido demasiado y es lógica la reacción del que está sentado del otro lado de la mesa».

El vicepresidente Francisco Santos aseguró que si se rompe el proceso «que no le quede la menor duda a la ciudadanía, a la comunidad internacional y a las mismas AUC, que el Estado está dispuesto a cumplir absoluta y totalmente con su deber de combatir a las organizaciones criminales sean de donde sean».

El ultimátum de las AUC y la respuesta del gobierno generó revuelo en el país. Unos sectores estiman «indebida» la presión de los paramilitares y otros que el gobierno debe concertar con éstos la ley para la desmovilización porque es el espíritu de una negociación de paz.

«Hay que interpretar esto como un campanazo, una voz de alerta. Todo el mundo quiere que los negocios se hagan a la medida de cada uno. Pero hay que ser un poco realista», dijo el senador Carlos Moreno de Caro, quien aboga por penas blandas para los desmovilizados.

Para el senador Samuel Moreno «el Congreso no puede ceder ante el chantaje y la presión» y pidió al gobierno decir «si hay agenda oculta en Ralito».

«El propósito del gobierno y del Congreso es diseñar un marco legal aplicable, que permita avanzar hacia la paz, asegurando reglas mínimas de reparación y de identificación de responsabilidades», dijo por su parte la senadora Claudia Blum.

La ley del gobierno, que busca concertar con sectores del Congreso en medio de otras siete iniciativas, establece condena de entre 5 y 10 años para los acusados de crímenes atroces, quienes podrían quedar en libertad condicional si confiesan sus delitos -sin delación- y entregan los bienes adquiridos ilegalmente.

También la creación de un tribunal que juzgue las acciones de los desmovilizados y fije la sanción a aplicar en los casos en los que no se pueda otorgar indulto; pero las AUC anticiparon que no se someterán a «tribunales »ideologizados»» y «a penas exentas de beneficios »excarcelatorios»».

Esta crisis surge cuando ya se han desmovilizado 4.500 miembros de las AUC, que, según los acuerdos de paz, deberá completar el desarme de sus 20.000 hombres antes de que finalice el año.