La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Instituto Interamericano de los Derechos Humanos (IIDH) enviaron ayer a sus directores regionales y del programa de Acceso a la Ciudadanía a indagar en la Cámara de Diputados la fase en que se encuentra la aprobación del Defensor del Pueblo en la reforma constitucional.
El presidente de la comisión especial del Defensor del Pueblo, diputado Julio César Horton Espinal, rechazó que los Estados Unidos presionen a la República Dominicana o realicen injerencia para que se cree el Defensor del Pueblo. Afirmó que de lo que se trata es de colaborar con el establecimiento de la nueva figura que tendrá el Estado de derecho en el país.
Al encuentro con los diputados de la comisión asistieron el director regional del proyecto de Justicia Laboral de la USAID, Iván Seassal; el director Acceso Ciudadano a la Justicia Laboral del RD-Cafta por parte del IIDH, Juan Navarrete, y la oficial del proyecto del programa USAID para el Acceso a la Justicia Laboral, del RD-Cafta por parte del IIDH, Diana Castillo.
El objetivo de la reunión es conocer el proceso de incorporación de la figura del Defensor del Pueblo en la República Dominicana: avances, limitaciones y retos, a los fines de impulsar la puesta en funcionamiento de la institución en el país, indica la comunicación que las agencias dirigen a la comisión de diputados, firmada por la directora Marina Hilario.
Durante la reunión, la USAID entregó a los diputados un resumen del programa para el acceso ciudadano a la justicia laboral, en lo relativo al contenido y al objetivo.
Antecedentes
Rol del defensor del pueblo
El Defensor del Pueblo (Ombudsman) es un comisionado o representante, que como funcionario del Estado, está encargado de representar los intereses de los ciudadanos ante abusos que puedan cometer los propios funcionarios de un Estado. Esta figura surgió en la década de 1809, con la finalidad de enfrentar los atropellos contra la población y que eran de difícil solución, debido a las trabas burocráticas en el sistema judicial.