El desperdicio del agua es problema de vieja data sobre el que no cobramos conciencia. Y el no pagar por el uso de este recurso se ha hecho cultura, a pesar de lo que cuesta extraerla, purificarla, conservarla y distribuirla. Notamos que falta agua cuando la sequía achica los caudales de los ríos y los niveles de las presas, pero ni siquiera eso cambia la conducta dispendiosa ni el uso irresponsable. Ignoramos que cada vez hay menos agua y cada vez necesitamos más.

La falta de una ley de aguas para regular el uso de este recurso natural tiene maniatadas a las autoridades del sector. Les impide tomar las medidas pertinentes para moderar el desperdicio y reglamentar el uso para industrias, hogares y producción agropecuaria. Y para empeorar las cosas, la inversión gubernamental en mantenimiento de infraestructura no alcanza ni a la mitad de lo necesario. Los responsables del sector agua estuvieron en el almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio y externaron grandes preocupaciones.

Hay que crear un marco jurídico para enfrentar la situación. El Gobierno tiene que invertir para la construcción de por lo menos nueve grandes presas, para evitar que el 72% del agua superficial se siga perdiendo en su trayecto al mar. Y sobre todo, debemos cobrar conciencia para acostumbrarnos a pagar por este recurso y usarlo con responsabilidad.

BUENA DECISIÓN DE LOS DIPUTADOS

Por iniciativa de su presidente, Abel Martínez Durán, la Cámara de Diputados ha decidido que sean destinados a los hospitales unos 175 millones de pesos que tiene asignados por vía del Presupuesto General el Estado para alimentar el fondo de asistencia social, conocido popularmente como “cofrecito”, y para compra de juguetes. La decisión ha sido tomada a propósito de la crisis que afecta a buena parte de los hospitales del Estado por falta de recursos.

Con esta decisión, la Cámara de Diputados se hace digna de elogio porque está dando al dinero de los contribuyentes un uso útil para los necesitados que acuden a los hospitales en busca de atención. Con esta renuncia se crea un precedente que mejora sustancialmente la imagen de los diputados. Ahora el Poder Ejecutivo debe hacer los arreglos pertinentes para que estos recursos lleguen a su nuevo destino, como manda la institucionalidad.