Hoy 
PEDRO GIL ITURBIDES
Cuenta con mi apoyo cualquier decisión del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) para que se aprovechen los fondos ahorrados. A los miles de dependientes salariales a los que ha pegado contra la pared para descontarles valores para crear el fondo de pensiones, hay que responderles por esos recursos. A los empresarios que actúan como agentes de retención y aportantes, tiene que asegurárseles que este dinero está en buenas manos. Y que no se perderá como lo perdió el sistema de pensiones de Chile, en operaciones especulativas que tambalearon la fe en el sistema.
Ya antes hemos quebrado esa fe. La antigua Caja Dominicana de Seguros Sociales (CDSS) debió ser ejemplo para el continente. En buena medida constituyó una institución pionera entre nuestros países. Pero su impulsor, Rafael L. Trujillo, fue el primero que atentó contra su estabilidad, tras las invasiones de Constanza, Maimón y Estero Hondo. Acostumbrado al diseño de presupuestos equilibrados, debió operar con déficit ese año. Para suplirse de recursos pensó en «la caja». Pero no contaba con el moquillo. El secretario general de la CDSS, doctor Cristóbal Gómez Yangüela, le negó el acceso a estos fondos. Y ordenó su apresamiento.
Aprendimos entonces que a esos fondos se «le ponía la mano». Y en vez de utilizar los mismos para que creciesen los servicios, los aprovechamos para la politiquería. Hasta hundir la CDSS, a la que habíamos bautizado como Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) desde 1961. Devino en años posteriores la francachela, y de ésta, y de la aniquilación del IDSS, saltamos al nuevo sistema.
En poco tiempo los aportes de patronos y dependientes han supuesto una fortuna que no la brinca un chivo. Pero el dinero contante y sonante no está hecho para ser guardado. El dinero atesorado en los escondrijos de la codicia no redunda en beneficio de nadie. De manera que esos treinta y nueve mil millones deben tener vocación para soportar, como un grano de arena, el progreso de la Nación.
Hemos propugnado, antes, porque la inmensa fortuna sirva para la inversión para el desarrollo. Pero el bajo nivel de ahorro público propulsado por las últimas administraciones, obliga a establecer mecanismos legales que aseguren los fondos de pensiones. Un sistema económico incapaz de aprovechar el ahorro doméstico, escaso pero existente, en programas de inversión impulsados por una visión de progreso catapultada desde el Estado, también determina esta exigencia.
¿Qué recomendamos? Que en forma paralela a una resolución del CNSS sea votada una ley que establezca la obligatoriedad de apropiar montos anuales, determinados dentro de la Ley de Gastos Públicos, para el servicio regular de las obligaciones que resulten de la concesión de los fondos de pensiones para inversiones del gobierno central. La ley, por supuesto, debe establecer penalidades morales y de otra naturaleza, para los administradores fiscales que, en violación a la misma, tornen inejecutorias las apropiaciones correspondientes.
¿Pueden o deben utilizarse esos recursos de los fondos de pensiones para la construcción de viviendas? Sin duda que ésta puede ser una de las áreas de inversión. Pero bien vale la pena que los urbanistas piensen en el país y no en los beneficios de políticos e intermediarios. Porque invertir en viviendas como unas que se han levantado en San Luis, en tierras de antiguos cañaverales del ingenio que destruimos en aquella localidad, es burlarse del contribuyente.
No pensemos únicamente en viviendas, sin embargo. Programas de relanzamiento de los sectores productivos enderezados a explorar mercados extranjeros también deben encontrar apoyo en estos recursos. Lo mismo que la producción primaria de bienes de consumo, respaldada, como lo decimos de las viviendas, por apropiaciones creadas anualmente dentro de la Ley de Gastos Públicos. Para que no haya olvidos. Para que no repitamos los desastres.
