El uso de recursos públicos en la campaña política mantiene enfrentados a los miembros de la Junta Central Electoral (JCE), aunque por mayoría de votos ese organismo decidió abstenerse de pronunciarse al respecto.

Ayer mientras el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Luis Arias, dijo que debía ser una decisión de la mayoría de sus miembros volver a conocer este asunto, la doctora Rafaelina Peralta, miembro del organismo, planteó que como árbitros del proceso deben asumir su responsabilidad legal.

La doctora Peralta, miembro de la Cámara Administrativa de la JCE, consideró que la Junta debe asumir el rol que le corresponde y hacer un llamado para que cese el uso de los recursos del Estado en la campaña política.

Dijo que cuando uno de los candidatos usa recursos públicos eso «va en detrimento de los demás candidatos y la Junta debe velar porque todos concurran a ese certamen en igualdad de condiciones».

En este sentido también se ha pronunciado el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, quien pidió a la JCE que sea responsable y se pronuncie sobre el uso de los recursos del Estado en campaña política, como le han reclamado diversos sectores.

Arias dijo que ya la JCE tomó su decisión al respecto y «lo que se podría hacer en tal caso, si lo consideran bien los miembros del tribunal electoral, es reconsiderar su decisión».

Dijo que la mayoría de los miembros consideró que a estas alturas del proceso no era conveniente emitir algún juicio sobre el uso de los recursos del Estado.

Afirmó que aunque no votó a favor de esa decisión, no puede emitir ningún tipo de juicio considerativo y valorativo de la opinión de los magistrados, tras calificar como un derecho discrecional de cada magistrado de la JCE.

«Mal haría yo en estar criticando la decisión que tal o cual magistrado tomó», expresó.

No descartó la posibilidad de que el tema sea reconsiderado por la JCE.

Entre tanto , la doctora Peralta estimó también que en países como la República Dominicana es sumamente cuesta arriba deslindar y separar la posición de un presidente de la República de su condición a candidato a la Presidencia.

Afirmó que debido a que la JCE es un organismo colegiado, en este caso cinco magistrados, “entendieron que no se tenía que hacer el llamado que otros entendíamos que debía hacerse, en términos respetuosos”.

«No sé hasta qué punto estará en el ánimo de los demás magistrados que ese asunto deba conocerse de nuevo, en mi caso, en el caso de que se vuelva a conocer reiteraré la posición que he externado», expresó.

Además del cardenal López Rodríguez, se han pronunciado sobre el particular observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Participación Ciudadana y la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad.

La mayoría de los miembros de la JCE decidió, en una sesión el martes de la semana pasada, abstenerse de pronunciarse al respecto.

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) había presentado una instancia ante la JCE el pasado 15 de abril en que reclama que se impida el uso de los recursos del Estado a favor de la reelección del presidente Hipólito Mejía.