POR LEONORA RAMÍREZ S.
No existe en el país una autoridad que le pueda exigir a la Junta Central Electoral (JCE) que cumpla con sus reglamentaciones internas, pero una persona a la que se le violen sus derechos en el contexto de la entrega gratuita de documentos de identidad, puede interponer ante los tribunales un recurso de amparo para que sus reclamos sean legitimados, según el catedrático Franklyn García.

Al referirse a la inobservancia de la ley 892, que establece que las Oficialías de Estado Civil deben entregar sin costo alguno las actas de nacimiento y de defunción, y que los encargados de esas dependencias deben tener un salario fijo y no manejar discrecionalmente los recursos que perciben, expresó que no hay voluntad de cambiar esa situación.

García, ex decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), expresó que mediante un recurso de amparo se podría obligar a cualquier oficial de Estado Civil a expedir los documentos gratuitamente, como establece la ley.

«Lamentablemente, en nuestro país no hay tradición de apelar a ese tipo de acciones, pero si un grupo de juristas asume ese rol las cosas cambiarían en beneficio de la población, porque definitivamente las Oficialías son fuentes de enriquecimiento en la República Dominicana».

Desde que el suspendido oficial civil Luis Felipe Rodríguez denunció que los encargados de las citadas entidades se pueden enriquecer ilícitamente y que los mismos violaban la ley al no otorgar documentos gratuitamente, la JCE, como organismo rector, ha recibido toda clase de críticas.

A lo anterior se suma que, con la finalidad de traficar con personas, más de 20 regidores de distintos partidos políticos habrían falsificado documentos en complicidad con oficiales civiles de Azua y Cotuí.

Ante esa situación el pleno de la JCE canceló a los oficiales vinculados en la alegada mafia, y suspendió a Rodríguez por haber violentado los principios elementales de la disciplina.

«No sé qué es lo que pasa que no hay la voluntad de asignarle salarios a los oficiales de Estado Civil, si todos sabemos que hay Oficialías que perciben millones de pesos.

«Pese a todo esto, nosotros esperamos que a la JCE, que tiene hombres y mujeres serios, llegue la voluntad de cambiar esa situación, que se ha convertido en un escándalo nacional, porque estamos siendo testigos de actos de corrupción en Oficialías de Estado Civil», manifestó.

Asimismo, el vicerrector de Extensión de la UASD expresó que el tribunal electoral debe abogar no solamente porque se cumpla la Ley, sino para que se establezca un sistema de carrera para escoger a los oficiales de Estado Civil tanto por su competencia profesional como por su honestidad.