Utilidad de los ayuntamientos

Utilidad de los ayuntamientos

BIENVENIDO ALVAREZ-VEGA
La especialización de un impuesto de 4%, 6%, 8% o 10% para los ayuntamientos es un extraordinario paso de avance en la economía de los ayuntamientos y en el inicio de un proceso de descentralización del gasto de los ingresos públicos.  Cuatro mil millones de pesos, seis mil millones de pesos, ocho mil millones de pesos, diez mil millones, once mil millones, etcétera, son cifras mayores que 500 millones, 700 millones, mil millones, 1,200 millones y otras parecidas. Estas diferencias explican la mejoría, el adelanto.

Pero no crea el lector que 10 u 11 mil millones de pesos son cifras mayores para atender todas las necesidades de todos los ayuntamientos y juntas municipales del país. Constituyen, ciertamente, momentos de avance frente a un pasado reciente cuando los cabildos carecían de economía, en la práctica. Dependían  de la voluntad de un señor, el Presidente de la República, que desde el Palacio Nacional premiaba y castigaba con mayores o menores subvenciones ordinarias o especiales, siempre en función de sus preferencias políticas o de sus expectativas electorales. En otras palabras, los cabildos no existían. Los fonditos que recibían no permitían hacer otra cosa diferente que pagar los magros salarios de los empleados.

 La concepción democrática que han tenido los gobernantes dominicanos que se han sucedido en el Palacio Nacional no consideraba a los ayuntamientos como soportes fundamentales de la vida en democracia, ni mucho menos como origen de liderazgos municipales y regionales. Todavía hoy les cuesta, por eso estigmatizan y zahieren con tanta frecuencia a síndicos, regidores, ayuntamientos y juntas municipales.  No hay dudas de que después de la especialización de una proporción de los ingresos públicos para los ayuntamientos, las finanzas de estos han mejorado mucho y los servicios que ofrecen a sus comunidades también. Las ciudades exhiben mayor higiene, la recogida de la basura es más constante y organizada, los parques están arbolados y hermosos, y la presencia del gobierno municipal se siente por doquier.

 En general, los ayuntamientos están más cerca de las comunidades y de las personas que el gobierno central. Siempre ha sido así, incluso cuando las precariedades eran mayores, cuando los síndicos y los regidores solo contaban con su voluntad y deseos de hacer las cosas.

 Muchos ciudadanos aprendieron música con las bandas municipales. Otros leyeron sus primeros libros en las bibliotecas municipales. Profesionales hay, en grandes cantidades, que pudieron llegar a las universidades y cursar una carrera por la bendición de una beca de su ayuntamiento. Las fiestas patronales, las festividades navideñas, los concursos literarios, los reinados y hasta los torneos deportivos son, en casi todos los municipios, apoyados, patrocinados y financiados modestamente por los ayuntamientos y sus autoridades.

   Quienes conocen la pobreza de los pueblos de la República Dominicana saben que hay lugares donde el único medio de vida que existe, como suele decirse, es el ayuntamiento, los sueldos que salen cada mes o cada 15 días. En estos lugares las autoridades municipales alternan el personal que se dedica a la recogida de basura y otras tareas menores, de tal forma que una quincena o un mes pueda cobrar un grupo de obreros y en la siguiente otro grupo.

Más todavía: cuando muere un munícipe cuya familia es pobre de solemnidad, suele acudirse al ayuntamiento para que provea el ataúd para enterrarlo, tarea que siempre tiene que cumplir.

 Quienes consideran que la entrega de 11 mil o 12 mil millones de pesos al año para financiar los presupuestos de los ayuntamientos del país es la gran cosa, están equivocados. Los cabildos necesitan tres o cuatro veces esa cantidad para poder satisfacer las necesidades de los  municipios, y hacerlo de conformidad con la autonomía que les confiere la Constitución de la República y de conformidad con el poder que reciben de los ciudadanos en las elecciones.   Las autoridades municipales son elegidas por los ciudadanos para gobernar sus jurisdicciones en atención a las propuestas de gobierno municipales que hacen en las campañas electorales. En buen Derecho, en consecuencia, ninguna ley adjetiva ni funcionario alguno puede establecer limitaciones que estén al margen de la Constitución de la República.

Estas limitaciones no puede hacerse ni siquiera en nombre de una transparencia que siempre debe estar presente en todo acto público y en toda transacción hecha con los recursos financieros de los contribuyentes. Los síndicos y los regidores también son expresiones de la voluntad de los ciudadanos de cada municipio, a quienes se deben y  a quienes deben rendir cuentas.

El país debe seguir avanzando en la descentralización de la gestión pública, y para lograrlo deberemos contar con ayuntamientos eficientes, autónomos, transparentes, con recursos financieros suficientes y con planes de gobierno municipales diseñados con la participación de los ciudadanos.

(bavegado@yahoo.com)

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