En el marco del inevitable interés que concita en la opinión pública el caso de Odebrecht y sus pagos de soborno, el país asiste a un significativo ir y venir de exposiciones jurídicas libremente expresadas y que se sitúan más allá incluso de los comentarios y denuncias interesados a favor o en contra de acusados o acusadores. Pretenderían estos últimos una mayor resonancia al fulgor mediático que al accionar de los tribunales compuestos, ciertamente, por seres de carne y hueso, con falibilidad humana; envueltos en un expediente de envergadura sin precedentes que los compromete, por encima de presiones externas, a la aplicación transparente de los debidos procesos que lógicamente incluyen el pleno respeto a los derechos de los justiciables, situados ahora en presunción de inocencia hasta la determinación final y fehaciente de culpabilidad.
Es ineludible que en seguimiento al proceso, se “juzgue” a quienes juzgan emitiendo desde las gradas apreciaciones técnicas y académicas de lo procedimental. El país no debe cerrar oídos a la valoración que sobre la marcha emitan juristas y estudiosos cuya reputación ética sea aval incontrastable. De ellos devendrían apreciaciones disidentes o aprobatorias al tratamiento en corte. Aun sin que existieran motivos para dudar de que habría una impartición acertada de justicia, para la sociedad y la historia tendrían mucho valor que una diversidad de doctas opiniones pase balance al proceso desde ya.

Preocupación por Venezuela

En la patria del libertador Simón Bolívar la democracia y la convivencia, a lo interno y con el resto del continente, reciben rudos golpes en estos momentos. Se pisotean normas constitucionales y se desconoce la voluntad libremente expresada por los venezolanos en las urnas, reclamadas ahora de urgencia como herramienta para retornar a la legalidad. Los ideales de la izquierda democrática y revolucionaria de esta parte del mundo están ensombrecidos por una atroz gestión de gobierno que se arroga la bandera de anteriores luchas populares. El golpe bajo de pretender una constituyente a contrapelo de un pueblo que ya eligió su parlamento, y ahora sufre una grave situación económica, social y política, no debe celebrarse. El apoyo emitido por Estados, con cuestionable sentido de agradecimiento al chavismo, no debe mantenerse.