POR GERMAN MARTE
En las cárceles dominicanas todo tiene su precio, todo se compra y se vende, al margen de la ley, desde una botellita de agua, drogas y armas, hasta los servicios de una prostituta. Y en cada transacción están involucrados policías y militares, como cómplices, intermediarios o dueños del negocio, afirmó ayer el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Manuel María Mercedes Medina.

En la cárcel de Najayo, puso como ejemplo Mercedes Medina, hay celdas que cuestan hasta RD$200,000, un whisky se vende entre RD$2,500 y RD$3,000, y el derecho a un abanico RD$800.

Añadió que si un preso quiere recibir visita de familiares en una fecha diferente al día fijado por las autoridades, debe pagar entre RD$2,500 y RD$3,000 al mes.

Pero si quiere a una «amiga», al margen de su esposa o su concubina, debe pagar una cuota de más de RD$2,000 mensuales, de acuerdo con Mercedes Medina.

Afirmó que en la cárcel de Najayo funciona una red que ofrece prostitutas que exhibe en catálogos a los presos, pero está al alcance únicamente de los presos que tienen mucho dinero.

Dijo que si un prisionero no quiere tomar el agua disponible en la prisión, debe pagar hasta RD$50 por una botellita envasada fuera del recinto. Y para un teléfono celular dentro de la celda, deberá pagar una cuota entre RD$2,000 y RD$3,000 mensuales.

Mercedes Medina hizo las denuncias en el programa Adelante con la comunidad, que producen los periodistas Alexis Peña y German Marte a través de radio Juventud Don Bosco, los sábados de nueve a diez de la mañana.

Explicó que en Najayo cada espacio o celda tiene su precio, pero los más caros son los que ocupan los llamados «extraditables». De acuerdo con la denuncia de Medina, todo el que está ahí tiene que pagar entre RD$10,000 y RD$15,000 diarios, al margen del consumo de drogas.

Los demás espacios, para los presos de menos recursos, se venden desde RD$5 hasta RD$15,000, pero «son espacios donde el recluso apenas puede tener una camita y tener su sitio fijo» mientras permanezca en esa prisión.

En las cárceles se negocia con todo, incluso -agregó Medina- se cobra el alquiler de los grilletes o «esposas» para que un prisionero pueda ser llevado a juicio, «eso oscila entre RD$200 y RD$500», esto así porque no lo llevan a los tribunales a menos que se le pongan grilletes. Y para que lo pongan en la lista de los presos que irán a juicio y lo suban al autobús que irá a los tribunales cada preso debe pagarle a los encargados como mínimo RD$200.

Indicó que a veces tienen que pagar hasta el pasaje del policía que lo va a custodiar en el trayecto.

Afirmó que en ese negocio está implicada la mayoría de los oficiales que custodian las cárceles.

«Ahí, desde el raso hasta el coronel están involucrados, en el caso de Najayo, y en las demás cárceles es la misma situación», dijo Mercedes Medina, quien afirmó que además en ese recinto se consume un promedio de 30 libras de cocaína y marihuana por día.

Agregó que los colmados dentro de las celdas se tienen en combinación con los responsables de las prisiones, quienes muchas veces son los dueños o bien cobran un alquiler por el punto.

En La Victoria, por ejemplo, tener un colmado cuesta entre RD$6,000 y RD$8,000 por mes, por lo que los productos se venden a sobreprecio a los presos, dijo. Además tienen que pagarle a los policías porque «tienen que estar fríos, porque de lo contrario no consiguen quién les pase las mercancías».

TRAGEDIA DE HIGÜEY

Medina dijo que las cárceles del país siguen siendo «cementerios de hombres vivos» y al mismo tiempo «se han convertido en un gran mercado donde todo se vende y todo se compra, al margen de la ley, y al margen de las autoridades que no entienden el vía crucis por el que atraviesan más de 15,000 hombres y mujeres abandonados a suerte».

Consideró que tras conocerse la tragedia de Higüey lo primero que se debió hacer fue destituir al director de Prisiones, general Juan Ramón de la Cruz Martínez, como primera señal al país de que este hecho no quedará impune.

Adelanto que la CNDH asistirá legalmente a los familiares de las víctimas para someter a la justicia a los responsables de la tragedia en que más de 130 personas murieron.

«Daremos a conocer las verdaderas causas, los responsables de la tragedia y anunciaremos las medidas y los pasos desde el punto de legal daremos conjuntamente con familiares de los reclusos, porque definitivamente el Estado tiene que responder ante esta tragedia», adelantó Medina.

Destacó que más de 12,000 de las personas que hay en prisión son presos preventivos, y el caso de Higüey, más del 92% de los 441 presos eran preventivo, lo cual debería llamar la atención de las autoridades.

Abogó porque la dirección de Prisiones cuente con un presupuesto propio y que no dependa de la Procuraduría General de la República.

Dijo que el nivel de hacinamiento y corrupción que hay en las cárceles es una «bomba» que puede estallar en cualquier momento y que ha estado explotando sin que las autoridades hagan nada, y citó los casos de las cárceles de La Vega, donde murieron decenas de presos; y los incidentes en cárcel de La Victoria.