Por TONY PÉREZ
Si no fuera por matices muy singulares acumulados durante decenas de años, el repudio de grupos haitianos al presidente dominicano Leonel Fernández cuando visitó el palacio de Puerto Príncipe sería uno más entre la rutina histórica contra líderes del mundo.

¿Cuántas banderas estadounidenses se han quemado y cuántas manifestaciones multitudinarias se han hecho contra las invasiones y la explotación de recursos naturales de los países pobres? Muchas, muchas.

Pero a pocos opinantes reflexivos se les ocurriría pensar que esas quemas y protestas han sido auspiciadas por sectores políticos y/o empresariales de la estructura de poder de Estados Unidos pues se sobreentiende que ellos saben hasta donde llevan contradicciones coyunturales. Con sólida conciencia política y de clases, su meta jamás será destruirse como nación. O como superpoderosos.

El caso Fernández es distinto en tanto asunto glocal que tiene mucho de haitiano y de naciones poderosas pero también de gente del patio que no repara en secuelas sociales ni en los riesgos de un conflicto entre naciones.

En lo internacional, fuera de dudas está la actitud de naciones dueñas del mundo que pretenden, para mejor manejo, desconocer la existencia de dos Estados en una isla bien emplazada en términos geopolíticos. Por tanto, invierten recursos para concretar sus estrategias.

La culpa local recae sobre el Estado, sectores empresariales, delincuentes y politiqueros.

El primero permitió que los pueblos de la frontera se convirtieran en zonas de sobrevivientes a causa de la desatención. La huída masiva hacia la Capital y otros centros urbanos convirtieron en zonas de fantasmas a las provincias fronterizas Pedernales, Jimaní, Elías Piña, Dajabón y Montecristi.

Los segundos, los empresarios, ni miraban para el occidente con el argumento de que era muy lejos y el Gobierno no había creado las condiciones de incentivos que disminuyeran los riesgos económicos (Pedernales, la comunidad más lejana, dista 324 kilómetros al suroeste de la Capital). No obstante, una parte de ellos ha demandado haitianos para sus fincas y construcciones en el territorio nacional.

Aprovechándose del abandono oficial y de la diáspora nativa, entraron los terceros, los delincuentes de allá y de aquí, incluidos los golpistas mercenarios con toda suerte de disfraces y en complicidad con manos dominicanas guiadas por dinero sucio desde la tiranía de los Duvalier. También entraron y echaron anclas de por vida los haitianos que huían a la pobreza y a la falta de expectativas.

Para asombro de muchos, no para los fronterizos, el país un día amaneció nublado de haitianos buenos y malos. Pocos habían escuchado el grito desesperado de los dominicanos que habitan esa parte mientras el mal se agotaba entre sus paredes. Parecía que esos pueblos habían dejado de pertenecer al territorio. Ahora, resulta que la soberanía se extingue.

El tirano Trujillo (1930-1961) inició la «deshaitianización» de la zona, proceso que, amén de criticables tintes racistas y abusivos, entrado el siglo veintiuno tiene méritos insuperados por los gobiernos de la democracia.

Fueron creadas las cinco provincias pese a que algunas ni siquiera tenían suficiente población (Pedernales, con todo y sus recursos naturales todavía no la tiene). Y había una atención muy especial del Gobierno que, dictatorial al fin, incluía la represión en el paquete. Reprobada la falta de libertad, había más razones para vivir allí.

Luego, los gobiernos de turno solo han dado zarpazos electoreros y operativos de emergencia cuando han ocurrido fenómenos naturales. Una muestra: Balaguer ordenó la construcción de un barrio del municipio Pedernales y la reconstrucción del municipio Oviedo a raíz del huracán Inés en el 1966. Igual ha pasado con la riada que hace dos años mató decenas de personas en Jimaní. Entre un hecho y otro, distantes en el tiempo, son contadas las acciones oficiales de desarrollo integral de la frontera.

Pese a ese escenario y a las tensiones naturales entre dos naciones que comparten una misma tierra, durante los años ochenta allí la vida era llevadera, más por la tranquilidad que por prosperidad. En Pedernales, por ejemplo, la delincuencia se acercaba a cero; se podía dormir en el parque sin más molestias que un ejército de mosquitos de manglares. Pero el problema tocó fondo. Ahora, con menos habitantes, hay bandas armadas de jóvenes dominicanos y haitianos que andan por las calles sin que alguien las controle, pese a que tienen sus listas de linchamiento de quienes les han criticado. Y hasta hay delincuentes nacionales que se esconden en aquel puño de pueblo donde todos se conocen.

Muchos coinciden en que todo comenzó a dañarse el mismo día cuando durante el gobierno de Antonio Guzmán (1978-1982) el gobernador denunció un agresivo contrabando de azúcar por la frontera, pero pocos días después murió de un infarto avergonzado porque fue desmentido por una comisión que viajó con ese encargo desde la Capital.

Desde la denuncia de ese caso no común, Pedernales quedó en manos de contrabandistas, narcotraficantes y otros delincuentes que iban detrás de la apetecible carnada de dinero fácil a través del robo, contrabando de azúcar y alimentos, primero y, luego, todo tipo de drogas, armas y vehículos. También se acentuó la importación y legalización de haitianos para que votaran en las elecciones sin importar que tuvieran prontuarios. El telón de fondo ha sido un pueblo de desempleados sin esperanzas donde prima la impunidad. Similar situación han sufrido las demás provincias.

Un Haití que arde en el desorden inducido por delincuentes de la política y otras mafias y, sobre todo, la falta de voluntad interna y externa para resolverlo, explican el repudio a un Presidente Fernández quien, más allá de su cuidado discurso por relaciones armoniosas, ha advertido al tenor de conflictos entre grupos de dominicanos y haitianos sobre el derecho a la soberanía y a una política migratoria ajustada a la globalización del crimen.

Al margen de cuanto haya enervado ese planteamiento, el mandatario dominicano debería gestionar el complemento de una política estatal de atención especial permanente a las provincias fronterizas porque un paciente en intensivo requiere mayor concentración de esfuerzos que otro que tenga una gripe de Navidad, aunque el Congreso entienda lo contrario. Y no hay ni habrá mejor ejército ni muralla para preservar el territorio y prevenir secuelas sociales que los mismos nativos, si pudieran vivir allá con dignidad, vacunados contra la pobreza, con bienestar general.