Locales comerciales que no acaten el toque de queda deben ser cerrados

El país padece actualmente los efectos de una tercera ola de la pandemia causada por el covid-19, con un gran impacto negativo sobre nuestra salud y economía, y el Estado, que es la expresión política de la voluntad de la nación, debe protagonizar la de defensa de los mejores intereses del conglomerado humano que representa.

Si bien los ciudadanos como entes individuales pueden alegar el derecho a tomar las decisiones que consideren mejor para sus intereses, los servidores del Estado, los que se benefician de la solidaridad, no pueden negar su concurso para hacer posible la protección colectiva a través de los programas de vacunación.

Por lo tanto, tiene total legitimidad que se haga obligatoria la vacunación para todos los empleados públicos, nacionales y municipales; así como para los beneficiarios de los programas de bienestar y protección social; para que éstos tengan acceso a sus salarios y otros emolumentos, solo cuando estos sean vacunados contra el coronavirus. La sociedad dominicana se lo reconocerá agradecida.

Los poderes del Estado no deben ser timoratos para hacer valer la seguridad colectiva por encima de la ignorancia, los temores y los egoísmos, que pueden causar cientos de miles de vidas e incalculables recursos económicos, hasta que se contenga la pandemia por generación espontánea, porque la Constitución debe ser interpretada siempre en favor de los derechos colectivos sobre los individuales.

Así, debe legislarse para que a partir de fines del mes de abril solo puedan cobrar los salarios y ayudas sociales del Estado los que puedan probar que ya han sido vacunados. Del mismo modo deben cerrarse sin contemplaciones los locales comerciales que se mantienen abiertos después de la hora señalada por las autoridades para el toque de queda, sin padrinos que valgan.

No hay que olvidar que nos estamos jugando la suerte de nuestra nación.
Definitivamente, el papel del Estado es salvaguardar la salud pública por encima de argumentaciones y motivos individuales, que en este caso ponen en grave peligro la vida y la estabilidad económica del país.

Es legítimo que se haga obligatoria la vacunación para todos los empleados públicos