La ocupación de cargos públicos está protegida por un sistema de Carrera Administrativa contra posibles arbitrariedades asociadas a los cambios de Gobierno que es cuando afloran propósitos de remover personal del sector público para dar espacio a dirigentes y militantes del liderazgo entrante.

Conlleva pago de prestaciones e indemnizaciones, a veces extralimitadas, creadas en el tramo final del mandato que expiró en el que se acrecentó el interés de blindarles posiciones a seguidores tras un crecimiento desmesurado de plantillas estatales, autónomas y descentralizadas.

En consecuencia, la hacienda nacional está hoy bajo acoso de una avalancha de reclamos que supera la disponibilidad de recursos para tales fines en momentos de urgencias sociales y cuando más enflaquecido se encuentra el fisco, duramente golpeado por la pandemia.

Esta realidad obliga a pasar por un cedazo las reclamaciones en marcha, visto que el Estado debe cerciorarse, por sus propios medios legales, de que en el festival de colocaciones a la carrera en el estatus que le crean obligaciones desmesuradas no se estarían colando gatos por libres, aumentando sin legitimidad unos compromisos con los que solo se debe dar amparo a quienes estuvieran desempeñando funciones llenando requisitos de antigüedad y competencia, sin pertenecer a las hordas supernumerarias del clientelismo adherido improductivamente al presupuesto.

Las urgencias del retorno

La apertura gradual de clases presenciales en los niveles inicial y básico, principalmente, y bajo estricto apego a reglas de higiene y distanciamiento, es un camino apropiado para ir dejando atrás la forma de educar a distancia que no le resulta satisfactoria a la mayoría de los padres de familia que, por distintos motivos, no pueden dar apoyo a sus hijos para que el hogar sirva de aula.

La transmisión electrónica de la instrucción escolar deberá mantenerse para aquellos adultos negados con rotundidad a mandar niños a las escuelas. Los que entiendan que procede hacerlo con las limitaciones que van a trazarse, debe tener proto esas puertas abiertas. La vacunación generalizada de profesores antes de reintegrarse a los planteles sería un paso firme, y factible, para generar confianza mientras el país avance sin pausa hacia la inmunización.