Últimamente se quejaba el reconocido escritor y columnista de este periódico, Andrés L. Mateo, la poca o ninguna importancia que le prestan las autoridades gubernamentales a las denuncias, irregularidades y actos de corrupción que son reseñados o exteriorizados en los diferentes medios de comunicación, tanto escrita, radial, electrónica o televisiva. ¿Cómo es posible que a la prensa no se le reconozcan los aportes que realizan a favor del bien patrio? En consecuencia, debería existir un organismo presidido por un alto funcionario gubernamental, que atienda las denuncias que tengan cierto viso de credibilidad. Además, obligarse a consultar los medios en donde se hace pública la imputación, para que los así señalados puedan públicamente defenderse y aclarar la situación así revelada.

Para poner un ejemplo, en el periódico HOY hay magníficos reporteros, columnistas y colaboradores, que día por día investigan situaciones y cuando denuncian algo o hacen imputaciones debido a que se violan los derechos humanos y constitucionales, el Estado y los ciudadanos no reaccionan como si se consolaran entre ellos. Cuando un juez venal archiva una querella sin siquiera conocer la misma, estamos ante una rampante denegación de justicia y nuestras Altas Cortes deberían enfrentar y remediar la situación denunciada. Pero no, estas Cortes solo conocen de litigios cuando se trata de personas o situaciones de otros partidos políticos.

En los asaltos, atracos, robos, engaños y tropelías, entre los violadores hay muy a menudo un miembro de alguna institución castrense. ¿Qué sucede cuando son identificados y señalados como violadores de la ley? Pues simplemente los trasladan a otra dependencia o comunidad para que sigan con sus acciones delictivas. El Jefe de la Policía Nacional debería aplicar la sentencia popular de “perro huevero, aunque le quemen el hocico, huevero queda”.

Una situación muy peculiar que amerita un estudio concienzudo se presenta cuando algún organismo del Estado descubre y hace público un alijo o contrabando; sea de bebidas, estupefacientes o sustancias de alta peligrosidad. Se inculpa y se conocen los que tienen menor incidencia en la acción y se encubre a los verdaderos responsables. Los nombres de los altos jefes y los más prominentes traficantes, son omitidos deliberadamente por las autoridades y siguen tan campantes los responsables, verdaderos criminales que no solo denigran la sociedad, sino que la corrompen.

En los aeropuertos, puertos y vehículos, se han encontrado grandes cantidades de cocaína, morfina, hachís o mariguana. ¿Alguna vez se ha indagado o señalado el destinatario final? Eso es mucho pedir, ya que seguramente el receptor será un prestante ciudadano al cual la justicia no debe tocar ni con el pétalo de una rosa.

La ciudadanía debe empoderarse y exigir legalmente el derecho a conocer la verdad, con la finalidad de que no haya motivo alguno de sospecha cuando uno de estos “magnates de la droga” es detectado con las manos en la masa. Ahí comienzan la conjeturas, ya que siempre habrá un chivo expiatorio, ciudadano de poca categoría, quien siempre se inculpará como responsable del hecho, aunque por la pinta y la cultura que tiene, se detecta a mil leguas que es un embustero. Sin embargo, se le da largas al asunto, hasta que los medios olvidan los hechos o el violador vuelve a delinquir. Entonces aflora que ese individuo tenía cinco o seis fichas en los archivos de la Policía Nacional y que sus responsables no pueden justificar porque andaba suelto en las calles.

En el tren administrativo del Estado, hay dependencias y hasta ministerios que desacatan y violan constantemente las leyes, reglamentos y hasta ordenanzas. Entonces, ¿Como es posible que el señor Presidente de la República no se percate que su Ministro de Educación embeleca a los propietarios impagos? Que tan poco honra la promesa solemne que Usted hizo en el Palacio Nacional para pagar los solares y parcelas; por lo tanto, pidió a los propietarios que permitiesen iniciar los trabajos sin pronto pago, ya que su Gobierno pagaría en un lapso de noventa días, lo cual por supuesto, ni remotamente ha sucedido.

No han valido embargos, notificaciones o intimaciones de pago ya que, al Ministro de Educación todo le resbala, pues al parecer está ungido de aceite de culebra. ¿Y será que no haya una autoridad que le ponga el cascabel al gato y obligue a este señor a cumplir con la promesa que hizo ante el señor Presidente?. Éste en consonancia, en las inauguraciones de los centros escolares, parece ignorar esto. De paso, su Ministro de Prensa solo se ocupa de reseñar lo bueno, pero los incumplimientos de los miembros del tren gubernamental, aparentemente no son de su incumbencia. Hasta cuándo seremos embaucados sin encontrar un Chapulín Colorado que nos salga a defender.