Vale reformar la Seguridad Social sin ponerla patas arriba. Aunque son válidas las insatisfacciones sobre las coberturas asistenciales de salud y los reclamo de que las pensiones recompensen mejor a los ahorrantes afiliados al finalizar la vida productiva, el país no debe claudicar a las propuestas de trastocar el sistema de Seguridad Social con supuesta intención de llevarlo a perfecciones.

Las fallas existentes no dejan dicho que la fórmula que desde el comienzo incluye participación privada ha dejado de ser apropiada para mantener fuera de control absoluto al Estado, y específicamente a los gobiernos y sus políticos creadores y sostenedores del anterior régimen de protección a los trabajadores y sus familias que encarnó el fallido IDSS de los dispendios.

Es una temeridad sostener que ya las cosas funcionarían mejor completamente estatizadas en un país que vio derrochar y destruir invaluables patrimonios públicos puestos a cargo de las permisividades y codicias de administradores preferidos por los poderes de turno sin rigor selectivo de competencia y honestidad.

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Convendría que la eficiencia a lograr resulte de aplicar límpidas e inviolables normas operativas a los órganos que por naturaleza procede subordinar a potestades del Estado, solo para regulaciones, sin la entrega plena de tales estructuras de interés social y abundantes recursos a mentalidades partidarias de dudosos límites. Bastaría aplicarles eficaces esquemas de ineludible cumplimiento para garantizar un funcionamiento favorable al pueblo.