En un país en que gana espacio la retórica oficial ambivalente con adhesiones al pragmatismo que todo lo ve «relativamente» y en el que el rechazo a algunos excesos policiales se ha debilitado, procede una reafirmación de voluntad política desde la cúspide del poder hacia el respeto puro y simple de los derechos humanos. Porque por la brecha de la contemporización con drasticidades letales hacia la delincuencia lo que podría avanzar es una devaluación de la vida que obligaría a la sociedad a seguir viendo algún peligro de muerte si las persecuciones policiales no son precedidas por el invariable canon de la inviolabilidad de la existencia humana y la no vigencia de la pena de muerte.
Aunque ha sido poco admitido para proceder en consecuencia y persiste la omisión investigadora del Ministerio Público, el disparar mortalmente al fragor de persecuciones en «defensa del orden» ha causado víctimas inocentes que aparecen en archivos recientes con algunos casos seguidos por escándalos mediáticos sobre los que excepcionalmente cayó entonces la acción penal.
Alguien con talante nuevo y principios favorables a los seres racionales debe recibir el bastón de mando para hacer valer el peso de los ruedos de sus pantalones, lo que no es exclusivo de los hombres aunque subyace y aflora a veces actuar como si fuera lo contrarío en los lugares donde menos conviene; ahora que mucho procede testimoniar desde altas instancias administrativas que la reforma policial va llueva, truene o ventee.